El reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para proteger los activos de Citgo y preservar los intereses del pueblo venezolano ha generado un amplio reconocimiento a nivel nacional. Citgo, el activo más valioso de Venezuela en el extranjero, está en peligro de ser subastado para cubrir las deudas de Pdvsa y la República. La fecha de la primera subasta está programada para el 22 de enero de 2024, lo que representa una amenaza inminente para la pérdida de este activo estratégico. En el año 2022, Citgo registró ganancias por valor de $2.800 millones y se espera que supere esta cifra en 2023.
Además, el gobierno y la oposición han firmado un acuerdo en Barbados para establecer una estrategia conjunta en las negociaciones con los acreedores. Citgo ha despertado el interés tanto de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa, que cuentan con una garantía del 50.1% de las acciones de Citgo, como de la empresa minera Cristallex, que busca cobrar una indemnización por la expropiación de la mina de Las Cristinas a través de la subasta de Citgo.
Sin embargo, es importante destacar que la subasta de Citgo no puede llevarse a cabo sin la autorización de la OFAC. Una nueva suspensión de esta sentencia permitiría a los abogados del gobierno y la oposición buscar un compromiso de pago con los acreedores y el gobierno de Estados Unidos para evitar la subasta.
La aprobación de la subasta de Citgo por parte de un tribunal estadounidense plantea interrogantes. Según la legislación de Estados Unidos, los activos de una empresa no pueden ser embargados para pagar las deudas de su propietario, ya que se consideran entidades legalmente separadas. Por lo tanto, las deudas por nacionalizaciones y los laudos contra la República no deberían ser pagados con los activos de Citgo, ya que son entidades jurídicas distintas. Citgo es propiedad de Pdvsa, no de la República. Sin embargo, la legislación estadounidense contempla la figura del «alter ego», que permite embargar otros activos del deudor moroso para pagar una deuda impaga. En este caso, Crystallex busca cobrar la indemnización de la República mediante la subasta de Citgo, a pesar de que Pdvsa nunca tuvo relaciones comerciales con la compañía minera.
El conflicto legal entre Crystallex y la República de Venezuela se originó en 2008, cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas. Crystallex llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), que dictó una sentencia a favor de la compañía en 2016, con una indemnización de $1.400 millones. El gobierno de Maduro consideró esta indemnización excesiva y no la pagó. En 2018, Crystallex llevó el caso a una corte en Delaware y solicitó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding, cuyo único activo son las acciones de Citgo, para pagar la indemnización reclamada por Crystallex.
Es relevante mencionar que Pdvsa y Citgo no tuvieron ningún tipo de relación comercial o financiera con Crystallex. Sin embargo, el juez Leonard Stark basó su sentencia en la figura del «alter ego» y consideró que el gobierno interino utilizó fondos de Citgo para financiar sus gastos, lo que permitió a Crystallex embargar las acciones de Citgo para cobrar la indemnización. Esta decisión sienta un precedente que podría ser utilizado en otros casos en los que se busque cobrar indemnizaciones utilizando los activos de Venezuela en el extranjero.
En cuanto a la defensa de los intereses de Venezuela en Estados Unidos, Citgo actualmente está bajo el control de un Consejo de Administración y Protección de Activos designado por la Asamblea Nacional de 2015. Aunque el mandato de este consejo expiró en 2020 y no ha podido sesionar debido a que la mayoría de sus miembros se encuentran en el exilio, sigue siendo responsable de proteger los activos de la República en el extranjero.
En mayo de 2023, la OFAC otorgó una licencia a la Asamblea Nacional de 2015 para negociar las deudas de Pdvsa y la República con sus acreedores. En respuesta, la Asamblea Nacional de 2020 aprobó una ley que declara nulas todas las negociaciones y compromisos relacionados con los activos de la República en el extranjero. Esta ley también establece sanciones penales para los profesionales del derecho que participen en estas actividades. Sin embargo, el gobierno y la oposición han llegado a un acuerdo para defender los activos de la República en el extranjero, incluyendo Citgo, en beneficio del interés nacional.
La importancia de Citgo en la recuperación de Venezuela es innegable. En 2022, la compañía reportó ganancias netas por valor de $2.800 millones y se espera que su rendimiento sea aún mejor en 2023. La subasta de Citgo sería un desenlace lamentable para el país, ya que se perdería un activo crucial para la reconstrucción de la industria petrolera y la generación de ingresos necesarios para la recuperación nacional.
En resumen, el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para proteger los activos de Citgo y otros activos de la República en el extranjero ha sido ampliamente elogiado como una medida para salvaguardar los intereses y el patrimonio de Venezuela. La subasta de Citgo para pagar deudas e indemnizaciones es el resultado de decisiones erróneas tomadas en el pasado, pero es importante destacar que Citgo no tiene ninguna relación comercial con los demandantes y, por lo tanto, la subasta no debería llevarse a cabo. Defender los intereses de Venezuela en Estados Unidos es crucial para evitar este tipo de situaciones en el futuro y garantizar la reconstrucción del país.