El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, reiteró que el informe de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas sobre violaciones de DDHH en Venezuela, tiene un sesgo político contra el gobierno de Nicolás Maduro.
por Deisy Martínez / Efecto Cocuyo
Insistió en que lo que califica como una “comisión ad hoc” no puede sustituir la labor de la oficina de alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, en Venezuela.
A partir de su reconocimiento solo a la actuación de Bachelet en territorio venezolano, se refirió a la recomendación de la alta comisionada de disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), por considerarla un grupo de exterminio, que no ha sido atendida por el gobierno chavista.
“Es el momento de una reestructuración de las Faes y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de otros cuerpos policiales, es importante para la salud pública, que sean cíclicas, para mejorar, no por una coyuntura”, expresó durante una entrevista con el periodista Ernesto Villegas, transmitida este domingo por Venezolana de Televisión.
Imputados 1.000 policías y militares
El titular del Ministerio Público admitió una vez más que hay agentes policiales y militares incursos en violaciones de derechos humanos, pero recalcó que desde su llegada al cargo en 2017 se ha logrado la condena de 140 funcionarios por tales hechos. Añade la imputación de 1.000 efectivos, entre ellos “decenas de las FAES”.
“Hay una cultura en América Latina de agentes policiales, desde el atropello, de atentar contra garantías constitucionales, sólo por el hecho de tener una pistola, un uniforme, lo más grave es cuando el Estado no funciona, no actúa, eso se hacía en la cuarta República, pero ha habido un cambio importante a partir de la Constitución de 1999″ argumentó.
Entre los procesados también señaló a más de 10 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), imputados por la llamada masacre de Barlovento (Miranda) de 2016.
De estos, dos fueron condenados, tras admitir los hechos, a más de 20 años de cárcel por el asesinato de 12 jóvenes durante una Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que luego aparecieron enterrados en fosas comunes. Saab subrayó que en ese y otros casos reflejados en el informe de la Misión ONU, hay detenidos, procesados y condenados.
“Eso no lo admiten los que tantas paja hablan de DDHH” se quejó. Expresó que cuando al mandatario Nicolás Maduro se le han presentado los hechos que implican tales violaciones, su petición ha sido que se castigue a los culpables, “caiga quien caiga”.
“Ignorancia supina”
En el informe de la Misión ONU, publicado el 16 de septiembre, se señala que hay elementos suficientes para enjuiciar por crímenes de lesa humanidad a funcionarios del Estado venezolano, que van desde Maduro, pasando por toda la cadena de mando, hasta llegar a los autores materiales.
Saab no reconoce al grupo de expertos como una instancia derivada de un mandato del Consejo de DDHH, independiente de la oficina de la alta comisionada.
Advirtió que no pueden sustituir a la justicia venezolana y los acusa de ser pagados por el Grupo de Lima, al que tildó de “títere” del gobierno de Estados Unidos.
“Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad tan olímpicamente hay una ignorancia supina y ellos tienen la oportunidad de informarse. Cuando se dice que el Estado venezolano comete crímenes de lesa humanidad ignoran qué son, para que haya este tipo de crímenes debe pasar lo que pasa en Colombia, que tiene que haber una política de exterminio de un grupo político, contra la disidencia“, sostiene.
En la entrevista se refirió brevemente a las muertes del concejal de Libertador, Fernando Albán y del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, bajo custodia del Sebin y de la Dgcim, respectivamente. Sobre el primero ratificó la tesis oficial que fue un suicidio, “porque así lo señalan las experticias”, y sobre el segundo que hay una apelación en el proceso que no quiso detallar.
Sostuvo que los privados de libertad con boletas de excarcelación, entre ellos, Abdalá Makled, recluido en el Helicoide, acusado de narcotráfico y que ya cumplió condena, deben ser liberados de inmediato.