Este miércoles, se conoció que el Gobierno de EEUU prorrogó la licencia que prohíbe a los tenedores del bono Pdvsa 2020 hacer uso de la garantía que les daría mayoría accionarial de Citgo, que ahora está bajo el control de la oposición democrática.
La OFAC del Departamento del Tesoro emitió la licencia general 5K, que veta transacciones con los tenedores del bono PDVSA 2020 hasta el 20 de julio de 2023.
Por tanto, queda prohibida toda venta o transferecia de acciones de Citgo relacionadas con el bono Pdvsa 2020.
En octubre de 2019 vencía el pago de intereses del bono 2020 de PDVSA por 913 millones. Si el Gobierno venezolano no cumplía con el pago, los tenedores tenían el derecho de asumir el 51 % de las acciones de Citgo, que son la garantía de la emisión.
Sin embargo, desde esa fecha, los sucesivos Gobiernos estadounidenses de Donald Trump y el del mandatario actual, Joe Biden, emitieron prórrogas a estas licencias para proteger a Citgo de los acreedores.
En enero de 2019, luego de que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado y recibió el reconocimiento de EEUU, Donald Trump impuso sanciones a Pdvsa que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo con el objetivo de traspasarlos eventualmente al equipo de Guaidó. Sin embargo, tras la eliminación del gobierno interino no está claro qué parte de la oposición tiene el control de la petrolera; entretanto el Gobierno de Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.
A finales de marzo, el economista y experto petrolero Francisco Rodríguez explicó que una Corte de Justicia en Delaware, EEUU, autorizó a cuatro acreedores embargar a Citgo, filial de Pdvsa luego de que un juez determinó que la administración de Juan Guaidó ejerció de forma inapropiada el control directo sobre la empresa.
A través de un hilo en su cuenta Twitter, informó que la corte autorizó cobrar 2,5 millones de dólares en deuda y precisó que «a diferencia de decisiones anteriores, esta parte de la determinación de que Guaidó ejerció de forma inapropiada el control directo sobre Citgo«.
Acotó que en la legislación de EEUU está establecido que los acreedores de una nación no tienen derecho director para embargar bienes de una empresa pública como lo es Pdvsa; y que este derecho solo lo adquieren si demuestran que la República usó la empresa para sus propios fines.
En este sentido, siguió, luego de que EEUU reconoció al interinato, la responsabilidad por el control de la empresa recae sobre funcionarios nombrados por el líder de Voluntad Popular. «Por tanto los acreedores tenían que probar que el interinato – y no Maduro – ejercía control directo sobre la empresa. El Juez Stark halló que el gobierno interino ejerció control extensivo de Pdvsa al utilizar fondos de filiales de PDVSA para sus propios fines, ordenar a Pdvsa hacer y suspender pagos de deuda y anunciar que la deuda de Pdvsa y la República tendrían el mismo trato».