La crisis económica, el cierre de las escuelas por la pandemia y la violencia son algunos de los factores que han empujado a muchos niños en Venezuela a trabajar, un problema «invisibilizado», según expertos, por la falta de cifras oficiales que permitan conocer su alcance real.
EFE / Saraí Coscojuela – ND
El director de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap), Carlos Trapani, indicó que una primera dificultad que existe es que no hay cifras oficiales para saber cuántos jóvenes están laboralmente activos.
«El no tener cifras indica que el problema está invisibilizado y no sabemos la magnitud y el alcance en lo que refiere al trabajo», afirmó a Efe.
«La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNA) reconoce el trabajo como una garantía específica, es decir, hay un conjunto de derechos y garantías para adolescentes trabajadores a partir de los 14 años», explicó.
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Esto significa, prosiguió, que debe haber un contrato de trabajo, seguridad social, incluso, el derecho a huelga y a formar parte de un sindicato, pero «el problema en Venezuela es el trabajo informal o las peores formas de trabajo infantil, donde hay una gran cifra negra».
«No es posible caracterizarlo, ni siquiera geográficamente, o cuál es el grupo de edad o por sexo que más incide en este tipo de trabajo y muchos rayan en formas de esclavitud moderna, trabajo doméstico, servil, sexual, ser pimpineros de combustible (vendedor), trabajar en vertederos de basura», agregó.
Trapani aseguró que muchos niños, algunos de ellos muy pequeños, trabajan para «poder contribuir con el presupuesto familiar (…) que está profundamente golpeado, que ha perdido capacidad de compra, entonces el trabajo surge como una necesidad ineludible para la familia».
Realidad multifactorial
El integrante de la Coordinación Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (Corenat) Ángel González subrayó a Efe que el tema del trabajo infantil es un tema «complejo, multifactorial», por lo que el abordaje debe tener diversos enfoques.
«Desde la Corenat partimos de que no se puede ver la realidad social al derecho de los niños, niñas y adolescentes bajo una mirada de la estigmatización, bajo el enfoque de la peligrosidad, bajo la propuesta de la erradicación total de lo que llaman trabajos infantiles», sostuvo.
Las propuestas, dijo, deben partir de lo que sienten, expresan y viven los propios menores trabajadores, ya que no es lo mismo trabajar en el campo, o en zonas rurales, que en la ciudad.
«Debemos primero mirar que hay una realidad que existe en nuestro país, que cada vez va en aumento y cada vez se complejiza y que, de acuerdo a esa complejidad de nuestro país, tenemos que intervenir desde varias formas», dijo.
González sostuvo que se debe tomar en cuenta la pandemia, «por eso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que la pandemia (provocó) que el número de niños que trabaja aumentara y el número de riesgos haya aumentado también».
«Hay muchas familias pobres en el mundo y en Venezuela que estaban en el dilema ‘o nos morimos de hambre o nos enfermamos de covid-19′», argumentó.
Explotación laboral al sur
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en el estado Bolívar, Eumelis Moya, relató a Efe que, en investigaciones sobre la minería, han encontrado que los jóvenes son víctimas de explotación laboral y sexual.
Moya dijo a Efe que, en el ámbito sexual, encontraron que el 76 % de las víctimas son mujeres y un 25 % corresponde a niñas y adolescentes.
«Los niños, en el contexto minero, son utilizados, por ejemplo, para bajar a los huecos, porque hay minas subterráneas (…) por sus dimensiones corporales (…) son utilizados para bajar por esos huecos a hacer el trabajo de lo que ellos llaman el saloneo, que es el picado de la tierra para ir sacando el material aurífero», relató.
En el municipio Caroní, la organización ha encontrado que hay menores que trabajan en el mercado municipal a cambio de víveres o de cabezas de sardinas.
«Sin embargo, ellos (los jóvenes) manifiestan estar conformes, porque es comida que se llevan a su casa», apostilló.
Moya afirmó que, junto a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), han registrado casos en los que para los menores «no es rentable» estudiar, porque implica el pago de transporte o el uso de equipos tecnológicos para seguir las clases.
Aunque no hay cifras, Moya aseguró que desde el Consejo de Protección en la región hay iniciativas de amparo a menores, aunque solo cuando son casos denunciados.
«El llamado es a unir esfuerzos por disminuir los índices de (niños) en situación de calle», exhortó. EFE