La muerte del Estado de Derecho en Venezuela hace que los delitos de los jefes de la usurpación se cometan de forma impúdica y con absoluta impunidad. Los órganos del poder público a quienes compete velar por el estricto cumplimiento del orden constitucional y legal, o son cooperadores o son cómplices, en la comisión de un conjunto de graves delitos contra la sociedad y contra el patrimonio del estado.
Cesar Péres Vivas/ El Nacional
A Nicolás Maduro y su entorno no le basta el vulgar fraude legal y político que adelantan para instaurar una nueva Asamblea. Se empeñan, además, en profundizar la persecución y hostigamiento a quienes disentimos, en copar de forma abusiva y ostentosa el espectro radial y televisivo del país para ofrecernos un país irreal, solo existente en la mentirosa y manipuladora propaganda con la que buscan anestesiar a un pueblo afectado por la hambruna y la miseria por ellos mismos generada.
Ni el sumiso Consejo Nacional Electoral, ni la obediente Fiscalía, como tampoco la oscura y cómplice Contraloría colocan reparo alguno a la grotesca y abusiva campaña de estado adelantada por la cúpula roja en funciones de gobierno, para tratar de motivar a su alicaída militancia “revolucionaria”. Por supuesto, tampoco es posible acudir a tribunal alguno del país, pues allí los asustadizos y obsecuentes jueces no se atreven a aplicar la ley.
La Constitución de la República establece en su artículo 145
“Los funcionarios y funcionarias están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.”
Esta norma es letra muerta para Maduro y su gabinete. Si esto dice la Constitución, podrá explicar el CNE, el fiscal y el contralor por qué el señor Jorge Rodríguez, quien es ministro de Información, es el jefe de la campaña parlamentaria del PSUV. Si es funcionario del Estado no puede estar al servicio de una parcialidad política, según lo ya citado.
Como consecuencia de esa norma constitucional se desarrollan normas legales que le impiden a los ministros y demás funcionarios públicos hacer uso de los bienes y recursos del estado, entre otros su tiempo de servicio, para hacer la campaña electoral.
Citemos algunas a modo de ejemplo.
Ley Orgánica contra la Corrupción (Gaceta Oficial 6155 del 19 Noviembre 2014)
“Artículo 12. Quienes estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o no, originadas por elección, por nombramiento, designación o contrato en los términos establecidos en esta Ley, están al servicio del Estado y no de parcialidad política, económica o particular alguna. En consecuencia, no podrán destinar ni usar los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos políticos, grupos de electores o asociaciones deliberantes con fines políticos, o cualesquiera de naturaleza particular.”
“Artículo 83. El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en la Ley, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice servidores públicos, bienes o recursos públicos que por cualquier título estén adscritos, afectados o destinados a algún órgano o ente indicado en el artículo 4 de esta Ley, cuya administración, manejo o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años.
Con la misma pena será sancionada la persona que con la anuencia del funcionario público utilice los trabajadores o bienes públicos.
Igualmente será penado con prisión de tres a seis años el funcionario que utilice recursos públicos de los órganos y entes a los que se refiere el artículo 4 de esta ley con la finalidad de identificar bienes, obras o vestimenta de funcionarios, empleados u obreros de los órganos y entes del sector público, con su nombre, imagen, símbolos, seudónimo o eslogan con el fin de promocionar su gestión, o la de organizaciones con fines políticos, grupos de electores o candidatura a cargos de representación popular.”
La Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal igualmente establece normas precisas prohibiendo la participación y utilización de bienes públicos en eventos partidistas y de campaña electoral, así como los procedimientos y sanciones en el plano fiscal, para quienes incurran en esos delitos y faltas
A pesar de todo el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias existentes en el país, y de los órganos a quienes compete velar por su cumplimiento, asistimos, en estos días, a un conjunto de eventos y circunstancias donde el gobierno despliega una campaña electoral, usando de forma absolutamente abierta y descarada todo el conjunto de instalaciones, bienes, funcionarios y recursos del estado.
El más ostensible y atropellante es el uso de la amplia plataforma de medios de comunicación propiedad del estado. Todo el espectro televisivo y radial está hipercopado por estaciones controladas por el régimen y todas hacen abierta campaña por los candidatos directos o encubiertos del régimen. La semana anterior se llegó a la paradoja de que el Partido Comunista de Venezuela, histórico aliado de “la revolución bolivariana”, escenificara frente a las instalaciones del canal Venezolana de Televisión (VTV-Canal 8) una protesta por el veto que el mismo le tiene a dicha tolda política. Si así tratan a sus aliados, podemos colegir el tratamiento que recibimos los sectores políticos de la oposición política.
Pero no solo son los medios de comunicación, son las instalaciones de la administración convertidas en agencias partidarias, centros de la cultura como el teatro Teresa Carreño, utilizado en actos de la campaña. O el uso de aeronaves y vehículos del estado, con todo su personal, por los miembros de la cúpula roja en sus desplazamientos por el territorio nacional, mientras quienes resistimos semejante despropósito no podemos circular por falta de gasolina, por hostigamiento policial y militar en las carreteras y por la ausencia de transporte aéreo privado.
Jorge Rodríguez, y todos los funcionarios que están dedicados a la campaña del fraude electoral, y en consecuencia su jefe Nicolás Maduro, al violar el artículo 145 y, entre otros, los citados artículos de la Ley contra la Corrupción, deberían ser sometidos a investigación tanto por el CNE, como por la Fiscalía y la Contraloría.
Ciertamente ello no ocurrirá. Dichos órganos son parte de la corporación criminal que controlan al estado venezolano. Ellos solo están allí para hostigar, criminalizar y perseguir a quienes abogamos por la restitución del estado de derecho.
No obstante es nuestro deber informar, orientar y educar a los ciudadanos sobre el contenido de leyes que hoy no se aplican (salvo para perseguir a la disidencia) y evidenciar la forma grotesca como los agentes de la usurpación violentan todo el orden legal de la nación.
Sus delitos no prescriben. Así lo establece también la norma constitucional. Tendrán que responder, en su momento, ante una justicia imparcial y eficiente. Mientras tanto levantamos la voz y continuamos la lucha.