Brasil, México, Colombia y Venezuela son los países de la región que han registrado más asesinatos a personas trans durante más de una década, siendo la impunidad el factor común que los mantiene como los territorios más letales para este grupo de la población Lgbti
María de los Ángeles Graterol | TalCual
Desde 2017 Venezuela se ha mantenido como el cuarto país de Latinoamérica más letal para las personas trans. Ese año acumuló 109 homicidios desde 2008. En septiembre de 2021 la cifgra alcanzó los 129, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, que este año recogió la mitad de las seis muertes violentas reportadas por las ONG Interseccional y Alianza Lambda a los medios locales.
Durante 2020, en 21 países de la región se redujeron los asesinatos dentro de la población trans respecto a 2019. No porque los Estados implementaran acciones directas para prevenir y sancionar la violencia contra este grupo, dice la organización Sin Violencia LGBTI, sino por las restricciones impuestas para contener la pandemia por covid-19, que generaron ciertas implicaciones sociales.
«El confinamiento estricto, el control del uso de los espacios públicos, la reducción del número de interacciones cotidianas, el cierre de espacios de socialización (oficinas, transporte público, establecimientos de comercio y entretenimiento, etc.), así como el despliegue de miles de policías y militares en la región, son algunas dinámicas que introducen diferentes complejidades en la comparación de ambos años», reseña el informe Descifrando la violencia en cuarentena: Homicidios de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América Latina y el Caribe.
Este año, cuando se ha retomado la apertura de espacios por el avance de la vacunación contra el virus, los asesinatos a personas trans en el mundo aumentaron en 7% en comparación con el año pasado. 375 fueron asesinadas entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, registrándose el 70% de ellos en América Central y del Sur, con Brasil, México y Colombia a la cabeza con 92, 46 y 22 muertes violentas, respectivamente.
Si bien esos territorios registran entre 366% y 1.550% más asesinatos a la población trans que Venezuela—sin incluir aquellos que siguen sin notificarse porque el Estado venezolano no recopila datos al respecto de forma sistemática—, su historial de los últimos 13 años aún la mantiene entre los primeros cuatro territorios del continente con más homicidios a personas trans. La impunidad es uno de los factores que todos ellos comparten.
Familias y víctimas sin justicia, el común denominador
En México, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas Lgbt, reportó 209 crímenes de odio contra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) cometidos entre 2014 y mayo de 2020, de los cuales 97 corresponden a personas trans (46,5%). Solo se apresó a responsables en 31,45% de los casos. En el 68,64% restante no hay arrestados o no hay información del estatus del caso.
Mientras, durante 2020, en Colombia, según la Fiscalía, se abrieron 193 procesos penales relacionados a los 226 homicidios a personas género-diversas registrados ese año (45 mujeres trans y ocho hombres trans). Cinco casos están en etapa de indagación, dos en investigación, uno en juicio, en otro el responsable fue condenado y de 184 no tienen información de la etapa en la que se encuentran.
Sin embargo, ese mismo organismo inició 69 investigaciones penales por presuntos hechos de violencia policial, mientras que la Policía Nacional abrió cuatro investigaciones disciplinarias y la Defensoría del Pueblo presentó cuatro oficios para realizar acompañamiento a la víctima. «No hay información sobre el estado de las investigaciones penales, y de las cuatro acciones emprendidas por la Policía, una fue archivada, otra se encuentra en estado de indagación preliminar y otra en etapa de instrucción», especificó el informe «Asesinatos, violencia policial y amenazas de personas LGBT en Colombia en 2020», publicado en julio de 2021 por la organización civil Colombia Diversa.
En Brasil, donde una persona trans fue asesinada cada dos días en 2020 —cuando rompió el récord de muertes violentas dentro de esta población tras acumular 175, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) —se identificaron al menos 38 sospechosos de los asesinatos de ese año.
Pero la Corte de Justicia emite órdenes de liberación y los absuelve de sus cargos, incluso cuando los perpetradores confiesan sus crímenes, porque «no representan un riesgo para la sociedad, después de todo, mataron a un travesti» o por falta de pruebas suficientes.
«En declaraciones recurrentes, casi ensayadas y repetidas por los verdugos, muchos sospechosos logran narrar los crímenes con gran detalle y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Afirman haber actuado en supuesta autodefensa, alegando intentos de robo o extorsión, desacuerdos por falta de pago (…) Estas justificaciones se han utilizado y aceptado por la policía y la justicia como justificación del asesinato»
Las personas trans en el Estado brasileño son desacreditadas por el sistema judicial, el cual «basa sus sentencias» de casos que involucran a este colectivo en la imagen social de que son «peligrosos y, a menudo, criminales». Incluso las acciones judiciales penales en la capital de esa nación respecto a personas travestis, de acuerdo con lo reseñado en el boletín Persona afectada por el delito: criminalización de travestis y discurso judicial penal en São Paulo, se toman sin importar «quién es esta travesti específica, la ropa que usa, la altura o el color de pelo. El hecho de ser travesti, por sí solo, la haría más «sospechoso» de haber cometido el delito que el imputado»
Así, en estos países, la falta de rigor en las investigaciones, la invisibilidad de estos casos y la impunidad refuerzan los ciclos de violencia y socavan la confianza de las ciudadanía en la ley. En Latinoamérica, matar a una persona trans no necesariamente implica cárcel ni castigos.
Denuncias sin atender, solo un Fiscal de Twitter
Yendri Velásquez, activista de derechos de la población Lgbti, denunció que el Ministerio Público se lava las manos ante los asesinatos a personas trans. No solo no recoge los datos necesarios para saber la magnitud real de la violencia contra este grupo, sino que únicamente procesa las denuncias de los casos que se vuelven virales en redes sociales.
En más de dos oportunidades Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente, ha ofrecido balances de su gestión en lo que va de año. En ninguna de las veces ha siquiera mencionado posibles procesos penales o denuncias tramitadas por crímenes de odio contra la la población trans. Apenas se pronunció en Twitter por el presunto trato homofóbico del personal del Hotel Pestana contra el artista travesti Juan Alejandro Solórzano, que interpreta «Chiky Lorens”.
«Hemos ido al menos cinco veces ante la fiscalía y el ministerio para solicitar información específica del avance de casos. En dos de las oportunidades nos han recibido en la Dirección de Derechos Humanos, pero la misma dependencia no le ha dado seguimiento a la solicitud. Nos dijeron que habían cambiado de directiva y que por ende no tenían información de peticiones anteriores, que teníamos que dar tiempo para que ellos pudieran enterarse (…) Vemos con preocupación que los casos que se atienden son aquellos que se hacen tendencia a través de las redes sociales, que no corresponden a denuncias formales o tramitadas en las instituciones. Esto nos habla de una debilidad institucional muy grande. Solo atiende (el fiscal Tarek William Saab) casos que puedan ayudarle con su popularidad», comentó el defensor en entrevista con TalCual.
En Venezuela, la ONG Acción Ciudadana contra el SIDA registró entre 2009 y 2015 75 asesinatos a personas Lgbti. El 68% de ellos, 51, corresponde a personas trans.
De ese total de casos, solo cinco, 6,6%, fueron resueltos. Del resto se desconoce el estatus judicial, pero se sabe que fueron apresados 10 presuntos responsables por el asesinato de ocho personas de la comunidad Lgbi.
TalCual pudo identificar que al menos uno de esos presos estuvo vinculado a la muerte violenta de una mujer trans en Maracaibo, estado Zulia.
Organizaciones defensoras de los derechos de la población Lgbt reportaron que hasta el 30 de octubre de 2021 se produjeron en Venezuela seis asesinatos a personas trans, el doble de los reportados por el Observatorio de Personas Trans asesinadas que solo da cuenta de tres de este año y uno de 2020.
Si bien existe un subregistro y ambas cifras discrepan, hay una realidad que no se puede ocultar: siguen ocurriendo homicidios sin ningún tipo de investigación o sanción. Apenas aprehendieron a los responsables de uno de los asesinatos. Pero, según contó Velásquez, «aún no se ha iniciado el juicio».