En esta ocasión, quiero abordar el tema del reciente acuerdo firmado en Barbados entre el gobierno y la oposición, el cual ha permitido la liberación de seis presos políticos de un total de 273. Como defensor de los derechos humanos, celebro esta medida y me alegra que estas personas finalmente puedan reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, no puedo ignorar el hecho de que se les haya negado el derecho a la defensa, a un debido proceso y a la presunción de inocencia. Esta situación es totalmente injusta.
Considero que el Estado está cometiendo un acto criminal al utilizar el canje de presos políticos como una forma de obtener beneficios, como si se tratara de simples objetos intercambiables. Esto demuestra una vez más cómo el sistema de justicia en Venezuela se utiliza para violar los derechos humanos y las garantías constitucionales. En última instancia, esto solo sirve para perpetuar la falta de acceso a la justicia que ya padecemos los ciudadanos.
Una forma de comenzar a reparar el daño causado por el gobierno y la Asamblea Nacional sería mostrar generosidad y voluntad política mediante la aprobación de una ley de amnistía que permita a los presos políticos reunirse con sus familiares y amigos durante las fiestas navideñas.
No puedo concluir sin expresar una preocupación: los firmantes del acuerdo están obligados a explicar al país cuál fue el criterio utilizado para seleccionar a los seis ciudadanos que fueron liberados. El Estado no puede seguir utilizando la libertad de las personas como un medio de presión. Hay más de 200 individuos que esperan una medida similar. Se trata de justicia, simplemente justicia.
Con Información de El Nacional