El denominado Monitoreo Azul y Blanco ha divulgado un informe que señala que, en el primer semestre de 2023, al menos 146 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega, fueron detenidos por la Policía Nacional en Nicaragua. El informe, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla que durante ese período se han registrado 519 incidentes relacionados con violaciones a los derechos humanos en el país.
Con información de Infobae
Entre las detenciones, las autoridades liberaron a más de 90 personas que habían sido capturadas en redadas masivas. Aunque fueron acusadas de «traición a la patria», muchas de ellas fueron enviadas a sus casas con medidas cautelares que les obligan a firmar periódicamente en las delegaciones policiales o judiciales de su localidad.
El informe destaca que durante los meses de abril y mayo se produjo un repunte de denuncias de violaciones a los derechos humanos, alcanzando un total de 218 y 160 casos, respectivamente. Según el Monitoreo Azul y Blanco, estos meses estuvieron marcados por la persecución a la Iglesia católica y el aniversario de las manifestaciones de abril de 2018.
Los departamentos de Managua, Chinandega, Masaya y la Región Autónoma del Caribe Sur fueron los más afectados por la represión en los primeros seis meses del año, según el observatorio.
Además de las detenciones, se reportaron 114 hostigamientos, 102 incidentes de judicialización, 47 amenazas, 43 control social territorial, 33 represiones migratorias, 25 cancelaciones de personalidades jurídicas y confiscaciones, y 9 agresiones.
El Monitoreo Azul y Blanco advirtió que la persecución política ha creado un ambiente de terror y autocensura en la población nicaragüense. También se registraron 33 denuncias de violación del derecho de entrada, salida y libre circulación de las personas en el país.
Hasta el 19 de junio, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó al menos 64 «presos políticos» en Nicaragua. Entre ellos se encuentra el obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, así como el periodista Víctor Ticay, la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y el dirigente estudiantil Jasson Salazar.
La crisis política y social en Nicaragua se acentuó tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, donde Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en medio de denuncias de irregularidades y la persecución a sus principales contendientes, quienes se encuentran en prisión o en el exilio.