La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha generado un intenso debate sobre la integridad del sistema judicial del país, especialmente en lo que respecta al respeto a la Constitución.
Con esta decisión, el TSJ está ignorando el contenido del artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta controversia surge a raíz del caso de María Corina Machado, reconocida líder política.
El TSJ ratificó recientemente que María Corina Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, está inhabilitada para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Esta misma sentencia también afecta a Henrique Capriles, quien ya había sido candidato presidencial en dos ocasiones y ahora se le impide competir en futuras elecciones hasta el año 2032.
Este caso encuentra similitudes con el de Hugo Chávez. En su momento, cuando Juan Garantón solicitó la inhabilitación política de Chávez debido a su participación en un intento de golpe de estado, la Corte Suprema de Justicia, respetando la Constitución, decidió no inhabilitarlo, argumentando la falta de una sentencia penal firme. Esta decisión contrasta notablemente con la reciente acción del TSJ en el caso de Machado.
El caso de María Corina Machado se suma a una serie de medidas por parte del TSJ que han sido interpretadas como intentos de suprimir la oposición política en Venezuela.
Estas medidas han generado preocupación no solo por su aparente inconstitucionalidad, sino también por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela ha ratificado ambos tratados, que según el artículo 23 de la Constitución venezolana, tienen prioridad sobre la legislación nacional.