Perkins Rocha: “Las inhabilitaciones administrativas vulneran la Constitución”

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Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela, ha expresado su opinión sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de confirmar la inhabilitación de María Corina Machado.

Rocha ha afirmado que esta medida constituye una violación a la Constitución y vulnera los derechos humanos. Según él, las inhabilitaciones administrativas son inconstitucionales y van en contra del Derecho a la Participación, recogido tanto en el artículo 62 de la Constitución como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales son de aplicación directa para los venezolanos.

Además, Rocha ha recordado que estos pactos internacionales son considerados fuente de derecho en Venezuela, ya que fueron aprobados por el Parlamento de la antigua República civil venezolana. Gracias a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución vigente, tienen aplicación preferente sobre cualquier ley, ya sea ordinaria o extraordinaria.

El abogado ha explicado que la supresión del derecho a la participación política implica suspender un derecho ciudadano, algo que solo es posible en Venezuela mediante una sentencia definitivamente firme, tal como establece el artículo 42 de la Constitución.

Por otro lado, Rocha ha resaltado que el artículo 65 de la Constitución es claro al indicar que el derecho a ejercer cargos públicos solo se pierde cuando hay condenas judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Esto implica una sentencia penal definitivamente firme, algo que no ha ocurrido en ninguno de los casos de los inhabilitados del régimen chavista, según el abogado.

Finalmente, Rocha ha destacado que la mayoría de estas inhabilitaciones administrativas han ocurrido sin respetar la garantía constitucional del debido proceso, ya que muchas de ellas se dictaron antes de la conclusión de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en la Contraloría General de la República contra los sancionados, e incluso en algunos casos sin que siquiera se iniciara dicho procedimiento.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ratificado este viernes la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer funciones públicas durante un período de 15 años.