En Venezuela, se ha convertido en una preocupante práctica la aplicación de inhabilitaciones políticas, las cuales han minado la participación política y debilitado la democracia en el país. Estas medidas han afectado a numerosos líderes opositores y han sido objeto de debate y críticas debido a su falta de legalidad y su impacto en la pluralidad política.
Es innegable que la mayoría de las inhabilitaciones políticas en Venezuela carecen de fundamentos legales sólidos. Esto es especialmente preocupante para aquellos, como yo, que nunca han ocupado cargos públicos ni tienen sentencias en su contra. Estamos siendo sometidos a restricciones injustificadas que nos privan de nuestro derecho fundamental de participar en el ámbito político. Esta situación contradice los principios de igualdad de oportunidades y pluralismo político necesarios para una democracia sólida.
Es urgente que el gobierno de Venezuela escuche la petición realizada por Juan González a través de la administración Biden: permitir la participación de aquellos que han sido inhabilitados. Esta medida no solo garantizaría la inclusión política, sino que también demostraría un compromiso genuino con la democracia y la apertura política en el país. Es hora de superar las barreras que impiden la participación de las voces disidentes y promover un entorno en el que todas las opiniones puedan ser escuchadas y consideradas en el proceso político.
Los casos emblemáticos de líderes como María Corina, Capriles y Superlano son ejemplos claros del abuso y la arbitrariedad presentes en las inhabilitaciones políticas. Estas medidas no solo afectan a los individuos en cuestión, sino que también atentan contra los principios fundamentales de una elección libre y justa, así como contra la esencia misma de la democracia.
Es necesario que los altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incluido el presidente Maduro, reflexionen sobre la importancia de permitir una competencia política abierta y plural, donde todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar sin restricciones injustas.
En el camino hacia la reconciliación y la legitimidad democrática, sería fundamental considerar una reaproximación con la Organización de los Estados Americanos (OEA). Establecer un diálogo constructivo y retomar la cooperación con este organismo internacional fortalecería la transparencia y la credibilidad del proceso.
Existen varios tratados internacionales que condenan las inhabilitaciones políticas ilegales y protegen los derechos políticos de los ciudadanos. Algunos de los tratados relevantes son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Estos tratados establecen los derechos fundamentales de las personas, incluido el derecho a participar en el gobierno y a acceder a funciones públicas en condiciones de igualdad.
Estos son solo algunos ejemplos de los tratados internacionales que condenan las inhabilitaciones políticas ilegales y protegen los derechos políticos de los ciudadanos.
Por El Nacional