El gobierno de Venezuela ha intensificado sus esfuerzos para acabar con el uso de teléfonos celulares en las cárceles, siete años después de la promulgación de una ley que prohíbe estos dispositivos y el acceso a Internet dentro de las prisiones, según informó la ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Bautista. En una entrevista con el canal estatal VTV, la funcionaria declaró: «Realizamos requisas diarias para erradicar el uso de estos teléfonos por parte de los reclusos. Algunos pueden argumentar que los necesitan para comunicarse con sus familiares, pero otros los utilizan para actividades ilícitas». La ministra también mencionó que en ciertas prisiones se ha implementado un sistema de llamadas para que los reclusos puedan comunicarse con sus familiares a través de teléfonos autorizados.
En 2016, el Parlamento, que en ese momento era de mayoría opositora, promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles. Sin embargo, hasta ahora, las ONG continúan denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde el interior de las prisiones.
La ministra también destacó que se está trabajando en descongestionar los centros penitenciarios mediante la revisión de las condenas de los detenidos, y alentó a los reclusos a emplearse dentro de las cárceles, ya que dos días de trabajo equivalen a un día de reducción de la condena. Además, aseguró que todos los servicios dentro de las prisiones son completamente gratuitos y que ningún familiar ni recluso debe pagar por alimentación, asistencia jurídica, atención médica o revisiones de medidas judiciales.
En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Prisiones informó que durante el año 2022, las cárceles de Venezuela registraron un nivel de hacinamiento del 64,19%, con una población reclusa de 33.558 personas para una capacidad real de 20.438 plazas.