El viernes pasado, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, afirmó que se han cumplido los acuerdos sobre garantías electorales, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora.
Rodríguez destacó que, a pesar de las amenazas de sectores de ultraderecha, se ha cumplido con el mecanismo establecido en los acuerdos de Barbados. Además, reiteró que habrá elecciones presidenciales en Venezuela este año, sin importar las circunstancias o la existencia de acuerdos. Esto hace referencia a lo pactado en octubre, cuando el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista, firmaron un documento que establece las condiciones para las elecciones presidenciales de este año.
Por otro lado, el TSJ anunció la habilitación de cinco opositores y confirmó las medidas administrativas en contra de Henrique Capriles y María Corina Machado. Esta última fue elegida como aspirante a la presidencia por la PUD en unas primarias en las que obtuvo el 92,35% de los votos.
Estas decisiones del TSJ son respuestas a las solicitudes de revisión de las inhabilitaciones presentadas por estos opositores, como parte de un mecanismo acordado entre las partes para el estudio de estos casos.
La sentencia en el caso de Machado detalla que está inhabilitada por su participación en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, exjefe del Parlamento, y por incumplir normas venezolanas al aceptar la acreditación como representante alterna de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2014. La sanción impuesta a Machado tiene una duración de 15 años, a partir de septiembre de 2021.
Ante esta decisión, Machado afirmó que continuará su lucha por elecciones libres y transparentes.