Jorge Rodríguez sostiene que llegado el momento en que se emprenda cualquier proceso de diálogo, “cada quien que asuma su responsabilidad”
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, se pronunció sobre los planteamientos de un diálogo entre el gobierno y el sector de la oposición agrupado en torno a Juan Guaidó, y al respecto manifestó su bienvenida a cualquier iniciativa que se desarrolle en ese sentido, pero aseguró que todo proceso de conversación y negociación debe ir precedido por una confesión de la comisión de delitos por parte de los adversarios del Ejecutivo chavista.
“Quienes están pidiendo cacao, diálogo, negociaciones, les decimos que sí, pero sin amnesia. Aquí nadie padece de amnesia natural, el que quiere diálogo tiene que empezar por reconocer no sólo que se equivocó, sino que cometió crímenes contra todo el pueblo de Venezuela”, expresó Jorge Rodríguez al intervenir al final del debate sobre un acuerdo de respaldo a la llamada ley antibloqueo elaborada por la asamblea constituyente que convocó Nicolás Maduro y no el pueblo de Venezuela.
“No es que vas a pedir diálogo –prosiguió- sin decir ‘yo sí me robé Monomeros’, ni decir que se cometieron errores terribles, que se solicitó la invasión militar de Venezuela, no pueden pedir diálogo y ahora procurar hacerse los locos y sentarse en una mesa de igual a igual”, añadió Jorge Rodríguez.
Rodríguez agregó que, llegado el momento en que se emprenda cualquier proceso de diálogo, “cada quien que asuma su responsabilidad”, y sostuvo que de esa mesa de diálogo debe salir al menos un compromiso para que nunca más alguien que se diga venezolano «solicite intervenciones militares, o atacar y agredir de manera tan brutal como se hizo la economía de Venezuela para sacar beneficios políticos, porque hay límites que se tienen que respetar».
Autorizan designación de representante ante la CPI
Por otro lado, la AN adepta al régimen de Nicolás Maduro, aprobó este jueves, a través de la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración, el nombramiento de la jueza Gladys Gutíerrez como nueva embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), así como ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos.
“Desde la AN observan con complacencia el recibimiento del informe de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela en donde pide la autorización de la designación de la doctora Gladys Gutiérrez como embajadora, por su alta capacidad, defensora de la verdad y de la justicia”, señaló la diputada oficialista Ilenia Medina.
Es importante destacar que en la CPI pesa una investigación contra la administración de Maduro por delitos de lesa humanidad.
Gutiérrez fue procuradora General de la República en el año 2006 y se desempeñó como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cargó que le pesó una sanción por parte de Panamá en el 2018, acusada por supuesto blanqueo de capitales. En el 2020 fue nombrada como una de las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por el TSJ; asimismo, fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia entre 2013 y 2017, y candidata por el PSUV a la gobernación de Nueva Esparta.
La jueza está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac) de Estados Unidos desde 2017 por fallos emanados desde la Sala Constitucional al considerar que usurpó la autoridad del Parlamento.
Protección de la inversión privada
En otra línea, el diputado Jesús Faría presentó el proyecto de acuerdo a la llamada ley constitucional antibloqueo, que fue aprobada por la extinta asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro en 2017 y que contempla disponer de activos del Estado sin dar detalles de las operaciones ni al Parlamento ni a la opinión pública nacional.
Aseguró que el bloqueo, como desde su punto de vista se traducen las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Eropea, «ha causado un daño gigantesco en la economía y terrible en lo social y determina cada uno de los grandes problemas que atraviesa la patria y constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo».
Indicó que el daño para la nación asciende a Bs 120.000.000.000, dinero que, aseguró, hubiera podido invertirse en función de la seguridad social, pensiones, educación, salud y salario, empleo. «Allí está el impacto.Pueblo no ha caído en la trampa de generar una insurrección para derrocar el gobierno», destacó.
En ese sentido, sostuvo que el instrumento permitirá proteger a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pues muchas personas han perdido sus negocios por invertir en Venezuela, ya que han sido también sancionadas por ello por el Tesoro de EEUU.
Apoyo opositor
La bancada de diputados opositores (conformada por parlamentarios provenientes de los partidos de la llamada «mesita» de diálogo nacional y los partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia) sumó sus votos al acuerdo en respaldo al acuerdo a la llamada ley antibloqueo.
El diputado Luis Eduardo Martínez indicó que la actual situación del país deriva «de un modelo que no compartimos, pero también de una serie de órdenes ejecutivas que ha perjudicado a venezolanos adentro y afuera, muchas de ellas convocadas por personas a las que le queda grande el título de venezolanos».
Martínez recordó que en ocasión del bloqueo contra las costas venezolanas por parte de países como Inglaterra, Alemania e Italia a principios del siglo XX, opositores al gobierno de Cipriano Castro y civiles que no tenían que ver con política, como el doctor José Gregorio Hernández, rechazaron el bloqueo y se sumaron a la defensa de la patria.
En sesión ordinaria el Parlamento discutió y aprobó un acuerdo para proclamar el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Sin embargo, ya la Asamblea Nacional ahora encabezada por Juan Guaidó había declarado este día de la misma manera, con la intención de respetar la diversidad de los ciudadanos.
Esta vez, el acuerdo fue presentado por la diputada Niloha Delgado, quien indicó que la finalidad de este acuerdo es promover la lucha contra la discriminación, estigmatización, violencia y negación de los derechos a las personas por razones de orientación sexual o expresión de género.
Esta fecha se celebra el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, ocurrido el 17 de mayo de 1990.
El último punto que discutió la Asamblea Nacional este jueves fue un acuerdo en solidaridad con el pueblo de Palestina, presentado por la diputada Nosliw Rodríguez.
La parlamentaria manifestó su solidaridad con las víctimas del conflicto israelí-palestino y aseguró que las tropas militares de Israel violentan la resolución 242 de las Naciones Unidas.