Según Jorge Roig, miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y expresidente de Fedecámaras, las empresas privadas podrían contribuir entre un 9% y un 10% a las pensiones. Roig sostiene que es importante tener en cuenta a aquellas empresas que ya tienen planes de jubilación y pensiones para sus empleados, para evitar una doble carga.
En una entrevista con Circuito Onda La Superestación, Roig menciona que Fedecámaras sugirió una alícuota del 6%, ya que estudios rigurosos indican que con ese porcentaje el impacto no sería tan significativo.
Sin embargo, Roig expresa su preocupación por el tope, y espera que el gobierno establezca un límite máximo de 3 a 5 veces el salario. A pesar del ámbito político del país, Roig está seguro de que en los próximos años habrá una recuperación económica.
Por otro lado, el economista y dirigente político Melvis Humbría considera que la recientemente aprobada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social podría llevar a la quiebra a miles de empresas.
Según esta ley, el sector privado debe pagar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) hasta un 15% del salario mensual de sus trabajadores, lo cual representa una nueva carga impositiva adicional a las existentes.
Humbría argumenta que este nuevo impuesto agravará la carga fiscal actual, compuesta por impuestos y tasas municipales, cargos estatales, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, Impuesto al Valor Agregado y contribuciones al Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Fonacit). Según Humbría, esta carga impositiva adicional se trasladará al consumidor final, lo que provocará mayores niveles de inflación.