En un fallo histórico, un juez federal de distrito anuló las normas estatales impulsadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que limitaban la cobertura de Medicaid para tratamientos de disforia de género, lo que podría haber afectado a miles de personas trans en el estado.
Con información de AP
El juez federal Robert Hinkle escribió en un fallo de 54 páginas: «La identidad de género es real» y el estado lo ha admitido. Hinkle agregó que la norma del código de salud de Florida y una nueva ley estatal infringían las leyes federales sobre Medicaid, igualdad de protección y prohibición de discriminación por sexo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
El juez determinó que las normas eran «inválidas en la medida en que prohíben categóricamente el pago de Medicaid para los bloqueadores de la pubertad y las hormonas sexuales para el tratamiento de la disforia de género». Además, afirmó que Florida había bloqueado el acceso a estos tratamientos «por motivos políticos», utilizando un proceso sesgado y no científico, y destacó que «alejar a la gente de su identidad trans no es un interés legítimo del estado».
El gobierno de DeSantis y la Asamblea Legislativa estatal, controlada por los republicanos, habían implementado leyes que prohibían los tratamientos de reafirmación de género para menores y dificultaban o impedían que muchos adultos trans recibieran tratamiento. El juez Hinkle ya había emitido una orden judicial preliminar hace dos semanas para permitir que tres niños trans continuaran recibiendo tratamiento.
La demanda que condujo a este fallo fue presentada el año pasado en nombre de dos adultos y dos menores, pero se estima que alrededor de 9.000 personas trans en Florida utilizan Medicaid para financiar sus tratamientos.
Hinkle también abordó la cuestión de si los tratamientos de reafirmación de género son necesarios desde el punto de vista médico y señaló las tasas más elevadas de ansiedad, depresión y suicidio entre las personas trans en comparación con la población general.
Florida se encuentra entre los 19 estados que han promulgado leyes que restringen o prohíben los tratamientos para personas trans, a pesar de que estos tratamientos han estado disponibles en el país durante más de una década y cuentan con el respaldo de las principales asociaciones médicas.