La administración Biden ha confiado en gran medida en el Título 42 como política de gestión fronteriza en medio de un número récord de detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur. También amplió recientemente las expulsiones fronterizas para disuadir a los migrantes venezolanos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos
Un juez federal prohibió este martes 15 de noviembre a las autoridades federales de inmigración usar una autoridad de salud pública conocida como Título 42 para expulsar rápidamente migrantes, entre ellos venezolanos.
Con ello se bloquea la principal herramienta que la administración de Joe Biden ha utilizado para manejar una ola migratoria sin precedentes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez Emmet Sullivan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, anuló una orden emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que ha permitido a los funcionarios fronterizos expulsar a cientos de miles de migrantes por motivos de salud pública, tras considerar que el edicto no se promulgó correctamente.
Emitida por primera vez en 2020 por la administración Trump al comienzo de la pandemia de coronavirus, la política del Título 42 se basa en una ley de finales del siglo XIX diseñada para detener la «introducción» de enfermedades contagiosas en EEUU. Los migrantes procesados bajo el Título 42 no pueden solicitar asilo en ese país y, en cambio, son expulsados sumariamente.
El fallo surgió tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha argumentado que el Título 42 pone a los migrantes en peligro y viola la ley de asilo de Estados Unidos. Los migrantes en suelo estadounidense, incluidos aquellos que cruzan la frontera ilegalmente, pueden solicitar protección humanitaria.
«Este fallo es de enorme importancia para los solicitantes de asilo y esperamos que ponga fin al mal uso de las leyes de salud pública para impedir que las personas desesperadas busquen protección», dijo Lee Gelernt, el abogado de la ACLU que presentó la demanda, a CBS News.
El medio contactó a los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, que podrían solicitar a un tribunal de apelaciones que suspenda el fallo. El juez Sullivan dijo que no pausaría su fallo en espera de una apelación.
La administración Biden ha confiado en gran medida en el Título 42 como política de gestión fronteriza en medio de un número récord de detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur. También amplió recientemente las expulsiones fronterizas para disuadir a los migrantes venezolanos de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.
En el año fiscal 2022, que terminó el 30 de septiembre, los funcionarios estadounidenses a lo largo de la frontera sur detuvieron a más de 2.4 millones de migrantes, el recuento anual más alto registrado. Más de un millón de esos encuentros resultaron en su expulsión bajo el Título 42, según muestran las estadísticas federales.
En el papel, el Título 42 se aplica tanto a las fronteras terrestres con Canadá y México como a los migrantes de todas las nacionalidades, pero se ha utilizado principalmente a lo largo de la frontera sur para devolver a los adultos migrantes mexicanos y centroamericanos a México o a la región del Triángulo Norte de América Central, compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Durante más de dos años, México solo permitió que Estados Unidos expulsara a migrantes mexicanos y centroamericanos a su territorio. Pero en octubre, México anunció que aceptaría expulsiones de venezolanos como parte de una estrategia más amplia que incluía que Estados Unidos aceptara permitir que hasta 24.000 venezolanos ingresaran legalmente al país.