Están en pleno desarrollo las negociaciones entre el régimen socialista y una delegación de la oposición democrática. Como he señalado en trabajos anteriores, las expectativas de la mayoría de los venezolanos son escasas, fundamentalmente por la naturaleza antidemocrática de la camarilla madurista. Sin dejar de admitir que la delegación opositora estaba políticamente obligada a concurrir a dicha mesa de negociación, fundamentalmente por la solicitud de los países aliados de la comunidad internacional, es menester resaltar que han asumido una responsabilidad muy alta al concurrir con unos interlocutores a quienes solos les interesa prolongar su estadía en el poder todo el tiempo que les sea posible.
La agenda de México es tan amplía y ambiciosa que corremos el riesgo, por la metodología de trabajo y por los tiempos de las sesiones, que transcurran los días, las semanas y los meses sin que logremos llegar al epicentro del problema.
Ese epicentro no es otro que la presencia de Nicolás Maduro en Miraflores, y con él toda la estructura institucional y logística levantada a lo largo de dos décadas de ejercicio ilimitado e incontrolado del poder político del Estado.
La reunión de estos primeros días de septiembre las podemos calificar de exploratorias entre las partes, y sin quitarle valor a los temas acordados, los mismos son de tan natural concurrencia que no significan un avance significativo en lo esencial de la problemática.
La próxima sesión prevé un examen de la situación del sistema de justicia. Al incorporarlo al proceso, el régimen admite que tenemos un sistema judicial no solo ineficiente, sino fundamentalmente inepto y corrompido, que solo opera para la persecución política.
Después de una pomposa declaración de reestructuración del sistema de justicia anunciado por Maduro, el pasado lunes 21 de junio de 2021, utilizando como supuesto órgano generador de la misma al inoperante Consejo de Estado, y colocando al frente de la misma a Diosdado Cabello y a Cilia Flores, a esta fecha nadie tiene conocimiento de las tareas cumplidas y de los resultados obtenidos en la llamada “Revolución de la Justicia”, como la denominó el ocupante de Miraflores.
Dicha comisión quedó en un simple anuncio. La cúpula roja no va a desmontar el sistema de sumisos agentes judiciales y fiscales porque no están dispuestos a someter sus actos y sus comportamientos al control de unos jueces independientes y capacitados.
Para lograr un sistema de justicia acorde con los principios fundamentales establecidos en la Constitución, se requiere un liderazgo ético comprometido con una Venezuela democrática y decente, donde no se designen jueces por cuotas políticas y con carencia de los valores de capacidad, independencia, honestidad y vocación de servicio.
Elegir un nuevo fiscal general de la República y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, para proceder a la selección de jueces por concurso de credenciales académicas y morales, supone una conducción del Estado diferente a la de Maduro y su camarilla.
De modo que lo esencial a discutir en la mesa de negociación de México es la ilegitimidad del ocupante de Miraflores. Para nosotros, la mayoría de los demócratas venezolanos, ilegitimidad de origen y de desempeño, pero para aquellos que no la admiten, entonces examinar solo la de su desempeño al frente del gobierno.
Maduro y su camarilla jamás ha admitido que la causa de la tragedia humanitaria, existente en nuestra nación, es el resultado del saqueo ejecutado a la riqueza nacional por las huestes del socialismo del siglo XXI. Que la destrucción de la institucionalidad, la economía, la familia y la moral nacional son fruto de un modelo fracasado y de una camarilla ineficiente y corrompida.
Para “los bolivarianos” toda esta dura situación, en la que estamos sumergidos, es una responsabilidad de la oligarquía, del imperio, del bloqueo y de otros agentes de “la derecha interna e internacional”.
Lo que no tiene discusión es la existencia de la tragedia humanitaria. Por fin el madurismo la ha aceptado. Hasta hace poco tiempo tenían, incluso, el tupé de negarla, de ocultarla o desvirtuarla.
El aparato de propaganda del régimen mostraba un país inexistente, una especie de Alicia en el país de las maravillas, ocultando la compleja problemática que cada día se manifestaba en todos los sectores y rincones de la geografía nacional. Pero la situación es ya tan protuberante que deben admitirlo.
De modo que aceptada la dramática situación de tragedia en la que estamos sumergidos, toca al pueblo de venezolano evaluar el desempeño de Maduro en el ejercicio del gobierno.
Si la responsabilidad de la tragedia es de factores ajenos al ocupante de Miraflores, con toda seguridad los ciudadanos venezolanos aprobarán su gestión política y administrativa. Si por el contrario, como lo sostenemos la gran mayoría, la responsabilidad es de Maduro y su camarilla entonces debe abandonar el poder. Para eso el constituyente de 1999 consagró la figura del referéndum revolucionario. Para examinar a la mitad del período el desempeño del gobierno y de quien lo conduce.
En consecuencia la mesa de México debe entrar ya al problema de fondo de la tragedia nacional. No es otro que la legitimidad de Maduro y su gobierno. Bien solicitando la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias, como ya se ha planteado por diversos canales, o acordando las condiciones de un referéndum revocatorio apegado a los principios constitucionales de respeto y facilitación de ese derecho, consagrado en el artículo 72 de nuestro texto fundamental.
Y digo acordando las condiciones, porque su ejercicio no está condicionado a ninguna concesión graciosa del régimen. Lo que se necesita es desmontar la normativa obstruccionista diseñada para impedir el ejercicio de ese derecho político fundamental.
Continuar con una agenda de materias colaterales al problema de fondo es gastar tiempo útil y abonar a la estrategia del régimen. Es hora de dejar los rodeos y de entrar en serio a la causa primera de la tragedia, que no es otra que Nicolás Maduro y su camarilla.