La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó este jueves la decisión del juez federal argentino Federico Villena sobre el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por Estados Unidos.
En un comunicado, la organización aseguró que, con esta orden judicial, se intenta «realizar el robo de la aeronave», que se encuentra «secuestrada» en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.
En este sentido, la ALBA considera que la retención «ilegal» y la orden de decomiso «demuestran que no se guardan ni las formas del servilismo ante el imperialismo estadounidense», y respaldará las «acciones legales, diplomáticas y políticas que emprenda» el gobierno venezolano para «asegurar sus activos».
La medida de Villena fue adoptada en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Emtrasur anunció este jueves que «se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa», y acusó a Argentina de violar «derechos humanos» y «el debido proceso en el cumplimiento de regulaciones internacionales».
Caracas advirtió el miércoles que tomará «todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten», y alertó a la comunidad internacional, y «en especial a los países latinoamericanos», de que «cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será debidamente interpretada como un acto hostil».
La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia del petición de decomiso.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y EE.UU. con el que ambos países «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».