Este viernes 7 de julio, el paradero actual de Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense conocido por sus críticas al gobierno de Daniel Ortega, sigue siendo desconocido. En febrero de 2023, Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por rebelión. Aunque algunos medios internacionales informaron que el religioso había sido excarcelado por las autoridades del país centroamericano, se reportó que fue devuelto a prisión después de negarse a abandonar Nicaragua. La situación de Álvarez ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y la comunidad internacional debido al ataque sistemático que sufren las instituciones eclesiásticas y la sociedad civil en el país desde las protestas de 2018.
Con información de DW
En una entrevista con DW, Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del colectivo NicaraguaNunca+, quien conoce personalmente a Álvarez, relata: «Hemos estado demandando información sobre su paradero durante meses, si aún estaba en ‘El Infiernillo’ -haciendo referencia a una celda de castigo de máxima seguridad- o si lo habían trasladado a ‘El Chipote’, donde suelen llevar a los presos políticos».
Según algunas informaciones, Álvarez podría estar recluido en la cárcel conocida como «La Modelo», parte del Sistema Penitenciario Nacional. Sin embargo, Arce insiste en que «la información es incierta», principalmente debido al hermetismo de las autoridades del país, así como de la propia Iglesia católica nicaragüense. «Sin duda, hay conversaciones sobre la liberación del obispo Álvarez, pero Ortega no cede sin obtener algo a cambio. Por lo tanto, la única forma de saberlo será con el tiempo», lamenta.
El obispo Álvarez, la punta del iceberg «Álvarez es la punta de lanza de los sentimientos del pueblo», afirma a DW un religioso nicaragüense que prefirió no ser nombrado. «Y eso incomoda al Gobierno, que quiere deshacerse de él».
«Él es uno de los obispos más queridos del país, que habla fuerte y claro, y que utiliza el púlpito para abordar la situación del país», comenta Arce. «Esto hizo que ganara el cariño de la población en general, no solo de los católicos, sino de personas de diferentes religiones. También se convirtió en el principal enemigo de Ortega», opina el abogado y defensor de derechos humanos.
Álvarez fue declarado culpable en febrero de este año por delitos considerados como «traición a la patria». Un día antes de su condena, se negó a subir a un avión privado junto con 222 prisioneros nicaragüenses que serían excarcelados y enviados a Estados Unidos, lo cual ejemplifica la persecución que enfrenta la Iglesia en el país centroamericano. Esta situación es sin precedentes, ya que más de 100 religiosos han sido expulsados en el último año o se les ha negado la entrada al país, y a otros 24 se les ha retirado la nacionalidad, al igual que a numerosos periodistas, escritores y otros opositores.
«Están tratando de aniquilar toda esta red social relacionada con la Iglesia católica que existe en muchos países», señala Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
El trato a la Iglesia La Coalición Nicaragua Lucha informa a DW que en 2022 los ataques contra miembros de la Iglesia católica y el clero se intensificaron, comenzando por la criminalización de su trabajo y la restricción de su libertad de reunión. Estos hechos se agravaron durante la Semana Santa con la prohibición de procesiones. El colectivo NicaraguaNunca+ también destaca que las diócesis tienen sus cuentas bancarias intervenidas en la actualidad.
«Lo que Ortega está haciendo es un acto de venganza», afirma Arce de NicaraguaNunca+, refiriéndose al papel mediador que tuvieron las diócesis y las órdenes religiosas durante las protestas de 2018. «Es una completa falta de respeto hacia ese papel de mediador y hacia lo que representa la Iglesia católica en Nicaragua»