Especialistas en derechos humanos han calificados las actuaciones exprés del régimen de Nicolás Maduro como acciones que buscan esquivar las acciones de la CPI
Luna Perdomo| TalCual
El régimen de Nicolás Maduro ha comenzado a hacer justicia de forma rápida en casos que estaban engavetados desde hace varios años buscando quedar bien ante la comunidad internacional y, especialmente, ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En los últimos meses, y durante los últimos días de diciembre, el Ministerio Público comenzó a condenar a distintos funcionarios, especialmente de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, implicados en distintos asesinatos. Pero no se está actuando sobre las cadenas de mando, sino sobre individuos.
Raúl Cubas, defensor de derechos humanos y fundador de Provea, dijo a TalCual que «si el Gobierno venezolano quiere cumplir con el memorando de entendimiento con la CPI debe no solo investigar los casos donde la responsabilidad directa recae en funcionarios de bajo rango que ejecutaron las acciones directas de la represión. Mientras la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el poder Judicial no comiencen con la investigación y juicio a los altos responsables de la cadena de mando militar y civil, eso no es una buena señal y se puede sostener un poco en el tiempo porque dará una clara respuesta de que privilegian la impunidad sobre la justicia».
Familiares de víctimas de crímenes cometidos por el Estado venezolano han pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que las investigaciones y castigos recaigan sobre las cadenas de mando, también.
Pero dentro del territorio la mira de la justicia solo incluye a algunos funcionarios, individuos asumidos por las vocerías oficiales como «casos aislados», o manzanas podridas dentro de un campo bien sembrado. Aun así, se insiste en que las instituciones están actuando como constancia ante las investigaciones iniciadas por el sistema de justicia internacional de que no hace falta sino priorizar la «cooperación» entre organismos y dejar que los casos se resuelvan en la controlada jurisdicción interna.
Durante su último balance, el fiscal general Tarek William Saab, designado por la extinta constituyente, informó que durante sus cuatro años y poco más de tres meses de funciones, 210 funcionarios policiales y militares han sido condenados por violaciones a los derechos humanos; es decir, solo 25,6% de los efectivos que llegaron a juicio fueron encontrados culpables de violar estos derechos fundamentales.
El pasado 14 de diciembre, mediante nota de prensa, el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal de Barinas dictó medida de privación judicial preventiva contra dos efectivos de las FAES por presuntamente estar involucrados en delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles y alevosía y simulación del hecho punible.
Los funcionarios fueron identificados como Erick Alberto Martínez Aragoza y Avit Adrián Botia Navarro, quienes fueron encontrados como responsables de los asesinatos de José Raúl Altuve y Anyelo Jona Villanueva en la población de Canaguá (Barinas) en un supuesto enfrentamiento.
El día del asesinato, los funcionarios de las FAES llamaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para notificar que Altuve y Villanueva habían muerto en un «enfrentamiento».
Después fueron condenados otros dos funcionarios de las FAES, del estado Zulia, por ser responsables del asesinato de dos periodistas de La Guacamaya TV, canal del estado Zulia, en un operativo policial. «Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron condenados a 21 años, ocho meses y 21 días de prisión Néstor Luis Olano y José Rafael Contreras, funcionarios adscritos a las FAES, por su responsabilidad en la muerte de Víctor Manuel Torres y Andrés Eloy Nieves, trabajadores de la Guacamaya TV», explicó la Fiscalía.
Por este caso también fue condenado a 18 años, dos meses y 26 días de prisión el oficial Andrés José Moreno por su participación en el hecho. Asimismo la Fiscalía identificó como presuntos responsables a los oficiales José Salas, Nerio Álvarez, oficial agregado Andrés Díaz y a José Contreras, quienes tenían órdenes de aprehensión y ya estaban detenidos desde agosto del año pasado.
Los condenados (Olano y Contreras) habían sido presentados por homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio por parte de funcionario público.
El asesinato de ambos comunicadores ocurrió el 21 de agosto de 2020 dentro de la vivienda de una de las víctimas en el municipio Cabimas. En ese entonces, Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta constituyente, dijo en rueda de prensa que ambos «podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales».
Saab también indicó que luego de que los funcionarios mataron a los trabajadores de la televisora regresaron al lugar para robar equipos del canal y otros bienes de la casa.
Para Tarek William Saab los funcionarios implicados en estos asesinatos eran «infiltrados, para nosotros no tienen ninguna vocación policial y, en vez de trabajar dignamente, roban las pertenencias de la gente y asesinan».
Durante su última alocución, Saab resaltó que desde su arribo a la Fiscalía «las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos han sido un eje central del trabajo que lidera en el Ministerio Público».
Otros casos a los que el fiscal se ha referido en los últimos días son el del Fernando Albán, quien murió estando bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de octubre de 2018; por el cual dos funcionarios de este cuerpo fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión el pasado 3 de diciembre.
Tarek William Saab también hizo referencia a la condena por 16 años de cárcel para el exfuncionario de la Guardia Nacional Dixon Caleb Arias, quien comandó una comisión que golpeó e hirió con perdigones a dos ciudadanos el 19 de abril de 2017, en la urbanización Don Samuel, de Alto Barinas, en una manifestación.
También mencionó el caso del joven enfermero David Vallenilla, por el cual se condenó a 23 años de prisión al sargento de la Aviación Arli Méndez. Pero el fiscal obvió decir que los abogados del joven asesinado recusaron la sentencia pues no se incluyó el delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales en su caso.
Estos son algunos de los casos en los que la Fiscalía ha actuado este año para buscar justicia y quedar como garantes de los derechos humanos ante el mundo.
Eludir la CPI
Especialistas en derechos humanos han calificados las actuaciones exprés del régimen de Nicolás Maduro en estos casos como acciones que buscan esquivar las acciones de la Corte Penal Internacional.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, ha dicho en reiteradas oportunidades que esto es una estrategia «de la dictadura para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional».
Explicaba que una muestra de esto son los pronunciamientos recientes de Saab y las actuaciones de la Fiscalía tras admitir la responsabilidad de funcionarios del Estado en los asesinatos de Fernando Albán, el capitán Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete.
Otra actuación que para los especialistas buscó lavarle la cara a las autoridades frente a este organismo internacional fueron los traslados de presos políticos a cárceles comunes, llevadas a cabo a finales del mes de mayo.
En este último caso, la diputada Adriana Pichardo, presidenta del Observatorio de Derechos Humanos, enfatizó que se quería «lavarle la cara a los jerarcas del régimen, a la cadena de mando que está denunciada ante la CPI por cometer crímenes de lesa humanidad» y señaló que se trataba de una «violación gravísima a los DDHH».
Para finales de 2020, Tarek William Saab había indicado que su despacho se había estado transformando; por lo que elevaron la Dirección de Derechos Humanos a Dirección General de Protección de los Derechos Humanos, «con lo cual buscamos profundizar la lucha contra estos graves delitos», dijo.
En ese entonces, informó sobre la imputación de 235 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los DDHH, la aprehendidos un total de 23 funcionarios de distintos organismos, 172 funcionarios acusados y condena para cinco funcionarios.
La promesa a Karim Khan
El pasado 3 de noviembre, luego de la visita del fiscal de Corte Penal Internacional Karim Kham al país, este informó durante una reunión con Nicolás Maduro en Miraflores que su organismo abría una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, en el marco de manifestaciones antigubernamentales y operativos de seguridad.
En el examen preliminar se determinó que existe evidencia de que en Venezuela se cometen cuatro tipos de crímenes de lesa humanidad, castigados por el Estatuto de Roma: encarcelamiento y severa privación física de libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual agravada, y persecución de un grupo identificable por motivos políticos.
El memorando de cooperación firmado por el Estado venezolano con la Corte Penal Internacional establece que Venezuela adoptará «todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de la justicia, de acuerdo a estándares internacionales y el apoyo y compromiso activo» de la CPI bajo el principio de complementariedad.
También se acordó mejorar los mecanismos de cooperación entre las partes y facilitar el trabajo del fiscal Karim Khan en territorio venezolano, al igual que «esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a loa esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales de conformidad al Estatuto de Roma».
Venezuela se comprometió a trabajar para que la complementariedad con la CPI «tenga un efecto adecuado y significativo».