El año 2024 comenzó con importantes protestas laborales en todo el país. El 9 de enero, se llevaron a cabo exitosas movilizaciones en 20 estados, seguidas por una protesta nacional de educadores el 15 de enero, exigiendo contratos colectivos. Esta demanda se extiende a todos los trabajadores del sector público y a los 5,5 millones de pensionados y jubilados.
En el año 2023, los trabajadores, especialmente del sector público, vieron frustradas sus esperanzas de mejoras salariales para hacer frente al alto costo de vida. Según el Observatorio de Conflictividad Laboral del Inaesin, los reclamos de «sueldos de hambre» y «salarios de miseria» predominaron en las manifestaciones, especialmente en los sectores de Educación y Salud.
Los conflictos en el sector público representaron al menos el 90% del total, siendo Distrito Capital y Bolívar las regiones con mayor concentración de protestas, con un 26,09% y un 17,39% respectivamente. En diciembre, de los 46 casos registrados, el 93,48% correspondió a empleados públicos y un 36,96% fueron maestros. Los sindicatos estuvieron presentes en el 67,39% de las acciones. La exigencia de salarios dignos, condiciones laborales y negociación colectiva motivó protestas no solo de los docentes, sino de la población en general durante todo el año.
En respuesta a este contexto de conflictos sociolaborales, el presidente Nicolás Maduro anunció en su reciente discurso ante el Parlamento Nacional que se establecería un mecanismo de ingreso mínimo integral indexado, pasando de 40 a 70 dólares hace nueve meses, y aumentando a 100 dólares a partir del 1 de febrero.
Sin embargo, esta respuesta no es más que una ilusión para los venezolanos, ya que no hubo un aumento real del salario, que se mantiene en 132 bolívares desde hace dos años, equivalente hoy a 3,6 dólares mensuales. Este es el salario más bajo del planeta y está muy por debajo de los salarios que perciben los trabajadores en América Latina, que oscilan entre 200 y 500 dólares mensuales.
La manipulación de Maduro consiste en presentar estos ingresos como salarios, cuando en realidad son solo bonos (60 dólares de bono de guerra y 40 dólares de cestaticket), que son transferencias que el presidente hace a los trabajadores públicos a través del carnet de la patria. Estos bonos no son recibidos por todos los trabajadores, no son regulares y no forman parte de las prestaciones sociales. Por lo tanto, no hubo realmente un aumento salarial y el salario en Venezuela sigue siendo de 3,6 dólares al mes. Además, esta medida es regresiva e ilegal, ya que se aplica sin tener en cuenta la meritocracia laboral y no se considera para el cálculo de beneficios laborales como utilidades, vacaciones y horas extras, tal como lo establece la Constitución y las leyes laborales.
Esta situación muestra la enorme brecha en el poder adquisitivo de las familias venezolanas. Se estima que una familia de 5 personas necesitaría 155,5 salarios mínimos para acceder a la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo valor en diciembre fue de 531,95 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
En resumen, este anuncio unilateral del presidente Maduro refleja el rotundo fracaso del Foro de Diálogo Social convocado por la OIT. A pesar de las reuniones y acuerdos firmados, el gobierno ha violado los convenios laborales de la OIT durante todo el siglo XXI. Es urgente que las partes involucradas en este Foro Social respondan a esta imposición del mandatario y den una respuesta contundente para recuperar la dignidad de los trabajadores venezolanos.