La “bonificación del salario” no convence a los trabajadores públicos en una Venezuela que entra en periodo electoral

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Trabajadores en Venezuela rechazan la nueva política de «bonificación del salario» implementada por el gobierno. Los ajustes anunciados por el presidente Nicolás Maduro llegan meses antes de las elecciones presidenciales, cuya fecha aún no ha sido confirmada.

Los dirigentes sindicales venezolanos han reiterado su demanda de un salario «digno» y han expresado su descontento con la política de bonificación del salario implementada por el gobierno de Maduro. El presidente ha elevado el ingreso mínimo integral de los trabajadores activos del sector público a 100 dólares mensuales, a partir del 1 de febrero. Sin embargo, los sindicatos argumentan que este ajuste no cubre las necesidades básicas de los trabajadores.

El presidente Maduro también anunció que el «bono de guerra», un subsidio que reciben empleados públicos, jubilados y pensionados, se reducirá a 60 dólares mensuales, mientras que el bono de alimentación, que permite a los trabajadores comprar alimentos, se mantendrá en 40 dólares. Sin embargo, millones de pensionados y jubilados no reciben el bono de alimentación.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aclaró que los jubilados recibirán un ingreso mínimo mensual indexado de 70 dólares, mientras que los pensionados recibirán 25 dólares, lo que representa un aumento de 5 dólares en comparación con lo que recibían anteriormente.

A pesar de estos ajustes, el salario mínimo en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares mensuales, equivalente a 3,60 dólares a la tasa oficial. El economista Asdrúbal Oliveros señala que aunque el aumento en los bonos no afecta las prestaciones o vacaciones, sí tiene un impacto en el consumo, especialmente considerando la precariedad de los salarios en el sector público.

Los sindicatos y organizaciones de trabajadores continúan exigiendo un salario digno que cubra sus necesidades básicas. Mauro Zambrano, dirigente sindical de clínicas y hospitales de Caracas, critica al gobierno por no consultar a los sindicatos y afirma que la política del Estado deja a los trabajadores sin prestaciones sociales, bono vacacional y bono de fin de año.

La educadora Griselda Sánchez denuncia que el gobierno continúa implementando una política de hambre en el país y destaca la precaria situación salarial de los docentes, que ganan entre 8 y 20 dólares mensuales. Sánchez afirma que es necesario un contrato que permita a los docentes recuperar su poder adquisitivo.

Las organizaciones políticas de oposición califican los anuncios del gobierno como una burla y llaman a organizarse para expresar el deseo de cambio y derrotar al candidato presidencial del gobierno en las elecciones previstas para este año. Sin embargo, la fecha precisa de las elecciones aún no ha sido anunciada por el Poder Electoral.

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanalisis, destaca que el país está entrando en un año electoral, lo que supone cambios en la política de gasto público y salarios. Aunque considera que los anuncios del gobierno son solo «pañitos calientes» que no resuelven el problema de fondo, pronostica que habrá más incrementos salariales a lo largo del año.

A pesar de las constantes protestas de los trabajadores y de lo establecido en la Constitución, que garantiza un salario suficiente para vivir con dignidad, el último ajuste salarial se registró en marzo de 2022. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, en diciembre de 2023, la canasta alimentaria familiar alcanzó los 531,95 dólares, lo que equivale a aproximadamente 155 salarios mínimos.

La situación salarial en Venezuela sigue siendo precaria, y los trabajadores continúan luchando por un salario digno que les permita cubrir sus necesidades básicas.