El levantamiento de las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos ha sido más amplio de lo esperado. Aunque se rumoreaba que se estaban negociando ciertas relajaciones como parte del diálogo entre Washington y Caracas, nadie esperaba que se tratara de una suspensión temporal de las sanciones petroleras.
La administración Biden ha reconocido que esta decisión se basa en sus propias necesidades energéticas y en la grave crisis en la frontera de Estados Unidos, donde llegan cada mes decenas de miles de migrantes, muchos de ellos venezolanos. Sin embargo, también afirman que su objetivo principal es presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que celebre elecciones presidenciales más libres y justas en 2024. Biden asegura que quiere ayudar a Venezuela a recuperar su democracia.
El problema es que, si esa es realmente su meta, la Casa Blanca ha procedido de una manera que reduce el poder de las sanciones como instrumento de negociación. Estados Unidos ha hecho concesiones importantes a Maduro a cambio de promesas vacías que la dictadura no suele cumplir, y además ya ha comenzado a incumplir.
La Casa Blanca ve varias ventajas en el levantamiento de las sanciones. La principal es que estas no han logrado forzar una transición en Venezuela. Aunque en algún momento ejercieron una gran presión sobre la dictadura, Maduro logró sobrevivir y mantenerse en el poder. Entonces, ¿por qué no probar algo nuevo?
Biden también cree que este cambio es necesario para enfrentar desafíos energéticos y migratorios, temas que podrían complicar su reelección el próximo año. En el caso de la energía, el levantamiento beneficia a las refinerías del Golfo de Estados Unidos que dependen del petróleo pesado venezolano, y podría ayudar a reducir los riesgos del mercado petrolero. Aunque es poco probable que Venezuela aumente su producción lo suficiente como para afectar la oferta mundial y los precios, se considera que restablecer el comercio con un importante productor de la región no es algo negativo.
En cuanto a la migración, la Casa Blanca reconoce que Maduro es el principal responsable de la crisis política y económica que ha provocado la ola migratoria, pero considera que las sanciones no están ayudando. Aunque Biden pueda sobreestimar el efecto de las sanciones en la migración hacia Estados Unidos, se entiende su reacción en el contexto de la crisis fronteriza y su posible reelección en 2024. Solo en septiembre, más de 50,000 venezolanos fueron detenidos en la frontera, y Venezuela ocupó por primera vez el primer lugar en número de detenciones.
Estados Unidos tiene razones para reconsiderar su política hacia Venezuela, pero mi crítica no se refiere a ese cuestionamiento, sino a otro factor: las sanciones son la mejor herramienta disponible para presionar a la dictadura, y si el objetivo es levantarlas, se debería actuar de manera que no se reduzca su poder.
Es inusual que un país restituya sanciones de esta magnitud después de levantarlas. No es algo tan simple como encender y apagar un interruptor. Deshacerse de las sanciones genera corrientes poderosas que son difíciles de controlar.
Biden ha condicionado el levantamiento de las sanciones a la habilitación de todos los candidatos opositores y la liberación de presos políticos. Ha advertido que, si no hay avances en este sentido para finales de noviembre, tomará medidas para revertir la decisión. Sin embargo, la Casa Blanca ha dejado claro que no le gustan las sanciones petroleras y que, si la dictadura no cumple, la restitución podría ser parcial. Esto reduce su capacidad de negociación. Maduro sabe que el levantamiento es difícil de revertir y también sabe que Estados Unidos no quiere restablecer las sanciones o podría hacerlo solo parcialmente. Incluso con una restitución parcial, Maduro estaría en una mejor posición que antes del acuerdo, lo cual debilita los incentivos para que ceda en las negociaciones.
En resumen, se puede apoyar la reevaluación de las sanciones y al mismo tiempo creer que Biden ha actuado de manera torpe. Al anunciar un levantamiento difícil de revertir y revelar que podría restablecer solo algunas restricciones porque considera ineficaz esta política, la Casa Blanca ha reducido el poder de las sanciones para presionar al régimen y crear divisiones internas que beneficien el proceso electoral. Si la amenaza de restitución no es creíble, los chavistas interesados en el levantamiento no tendrán buenos argumentos para convencer a los demás de hacer concesiones importantes.
Las acciones de Maduro parecen confirmar este error. A cambio de levantar las sanciones, la dictadura aceptó, entre otras cosas, respetar las primarias de la oposición. Sin embargo, durante las elecciones, la dictadura prohibió a los medios cubrir el proceso y hubo problemas con la totalización de resultados. Además, la Fiscalía anunció una investigación contra la comisión encargada de las primarias y el Tribunal Supremo suspendió «los efectos» de las mismas, ratificando la inhabilitación de la ganadora, María Corina Machado. Maduro parece no temer la restitución de las sanciones.
Algunas medidas son más fáciles de entender si asumimos que sus autores no ven oportunidades de cambio en Venezuela. El principal valor de las sanciones es su poder para presionar al gobierno. Si la Casa Blanca considera que una transición en 2024 es poco probable y piensa que levantar las restricciones no abrirá un espacio real de competencia electoral, ¿no sería racional que Biden priorizara los intereses energéticos y migratorios de Estados Unidos? ¿No sería comprensible que diera más importancia a su propia reelección, considerando el peligro mundial que representa una segunda presidencia de Donald Trump?
El secretario de Estado, Antony Blinken, asegura que este no es el caso y que Maduro no recibirá beneficios petroleros a cambio de nada. Pronto sabremos hasta qué punto esto es cierto.