Por Carmen Sulay Rojas
El cierre de las escuelas en Venezuela durante el año escolar 2019-2020 debido a la llegada del covid-19, fue oficializado el 16 de marzo de 2020. Esta medida tenía como objetivo proteger la salud de los niños, niñas, adolescentes y personal educativo. Según el artículo 11 del decreto N° 4.160, los ministros de educación eran responsables de establecer y supervisar la educación a distancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos educativos.
A pesar de estas disposiciones, el marco legal existente en Venezuela no fue suficiente para garantizar los derechos de los niños y niñas. La Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes establece en sus artículos 7 y 8 los principios de Prioridad Absoluta e Interés Superior de la infancia. Sin embargo, en la práctica, estos principios no fueron cumplidos, como lo demuestran los casos de niños que fallecieron por falta de atención médica.
La organización Prepara Familia ha denunciado durante años el deterioro de los servicios de salud en Venezuela, especialmente en el Hospital J.M de los Ríos. A pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano no ha tomado las acciones necesarias para garantizar los derechos de los niños.
En cuanto a la educación a distancia, también surgieron dificultades. Muchos docentes y estudiantes no contaban con los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo las clases virtuales. Además, las deficiencias en el acceso a Internet aumentaron las brechas de desigualdad. La falta de maestros también fue un problema, con una disminución del 25% en la plantilla docente en comparación con años anteriores.
En resumen, la crisis del sistema educativo en Venezuela se ha agravado durante la pandemia. La falta de atención a la salud y la educación de los niños y niñas es evidente, y a menos que se tomen medidas urgentes, el país enfrentará una crisis de analfabetismo en el siglo XXI.
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