El arresto de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y crítica del gobierno de Nicolás Maduro, ha generado una gran atención en Venezuela y en el extranjero.
Aunque fue detenida el viernes pasado, las autoridades no revelaron su lugar de reclusión hasta el domingo, cuando el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó su arresto y la acusó de participar en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente.
Además de San Miguel, también fueron detenidos su hija, dos hermanos, su exmarido y otra expareja. Estas detenciones se suman a la larga lista de personas críticas del gobierno que han sido arrestadas en lo que va del año.
Todo esto ocurre en medio de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, en busca de unas elecciones presidenciales justas y libres. Sin embargo, los grupos de derechos humanos consideran que estas detenciones son un claro ejemplo de persecución política. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han exigido la liberación inmediata de San Miguel.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto y luego levantado sanciones económicas sobre Venezuela, reflejando así la fluctuación política.
Esta situación de represión y persecución política parece agravarse debido al panorama electoral. Durante este tiempo, también se han registrado ataques a sedes de partidos políticos de la oposición y la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado. Esta campaña de intimidación busca reprimir cualquier forma de oposición a Maduro.
Además, se ha presentado un proyecto de ley para controlar y criminalizar el trabajo de las ONG en el país, lo que muestra una clara intención de cerrar el espacio cívico. El arresto de San Miguel marca un precedente en Venezuela y envía un mensaje claro a aquellos que defienden los derechos humanos en el país.