La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó en un debate sobre la situación de Venezuela a que se realicen elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas» el próximo 28 de julio. Además, solicitó que los trabajadores expulsados en febrero sean permitidos de regresar al país.
La alta comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, expresó su deseo de que la oficina pueda reanudar pronto su labor en beneficio de la población venezolana, fortaleciendo la cooperación con las autoridades a través del respeto mutuo y el diálogo transparente. Cabe recordar que trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU fueron obligados a abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas, luego de que el presidente Nicolás Maduro los acusara de espionaje y conspiración.
A pesar de las tensas relaciones entre la ONU y el gobierno venezolano, Al-Nashif señaló que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque aún queda mucho por hacer. Destacó que en 2023 no se registró el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias. También denunció la represión y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, mencionando los casos de Javier Tarazona, fundador de Fundaredes, y Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
La alta comisionada adjunta expresó su preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos opositores. Aunque reconoció como un avance la firma de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, hizo un llamado a que se apliquen plenamente de buena fe, ya que la mayoría de las personas liberadas siguen siendo objeto de procesos penales.
Al-Nashif también informó que desde enero de 2023 la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Además, denunció los malos tratos y posibles casos de tortura a detenidos por parte de agentes de seguridad o inteligencia. También destacó la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado de Zulia.
La alta comisionada adjunta resaltó que las sanciones internacionales contra Venezuela han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población y exhortó a que sean anuladas. En respuesta a estas declaraciones, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos señaló que el informe ha sido patrocinado por países que intervienen en los asuntos internos de otros países, en lugar de optar por un diálogo genuino y cooperación.
En cuanto al posible retorno del personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, la delegación venezolana indicó que se han llevado a cabo conversaciones para establecer un nuevo proceso de cooperación técnica, sin injerencias ni parcialización política.