La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acusó este sábado al gobierno de incumplir el acuerdo electoral suscrito en Barbados, con la reciente detención de un colaborador de la candidata de esta alianza opositora a las presidenciales del 28 de julio, María Corina Machado.
«Condenamos, contundentemente, la detención de Emill Brandt, director de campaña de nuestra candidata (…) El régimen de Nicolás Maduro continúa violando derechos humanos e incumpliendo el Acuerdo de Barbados para seguir atentando contra la vía electoral», expresó la PUD en X.
En este sentido, la plataforma aseguró que la vía electoral es la única que apoya para «lograr el cambio» que -afirmó- anhelan «todos los venezolanos este 2024».
«Ni Maduro ni nadie en su régimen nos sacará del camino pacífico y democrático en el marco del Acuerdo de Barbados. Unidos, vamos a cambiar Venezuela», agregó el bloque opositor.
Ese acuerdo, suscrito en octubre pasado, establece la promoción de «un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo».
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro acusó en enero a la PUD de «romper» el acuerdo de Barbados. Esto, al «meterse en cincos conspiraciones» que incluían -según la Fiscalía- el asesinado del jefe de Estado, así como asaltos a instalaciones militares.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó este sábado que Brandt será imputado por su supuesta participación en planes conspirativos.
Asimismo, señaló que el opositor está supuestamente vinculado con «hechos violentos ocurridos en Barinas» que «formaron parte del plan inicial de ejecutar acciones terroristas el 1 de enero» en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) «hasta escalar a Caracas», una trama que, según declaraciones recientes de Saab, incluía un plan de magnicidio contra Maduro.
Machado acusó al gobierno de haber «secuestrado» a Brandt, «solo unas horas después» de su visita a Barinas. Allí la opositora llevó a cabo una actividad política de cara a las presidenciales, en las que espera competir. Esto, pese a la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036.
A juicio de la líder opositora, la detención de Brandt «constituye una violación más al ya pisoteado Acuerdo de Barbados».