La Unión Europea (UE) volvió a incluir este martes a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, debido a que el país no cumple con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal, dependiente de la OCDE.
También las Islas Caimán -territorio británico de ultramar-, las Islas Seychelles y Palau entraron en este listado tras la actualización aprobada hoy por los ministros de Economía y Finanzas comunitarios, con lo que se eleva a doce el número de territorios que lo componen.
Estas cuatro jurisdicciones se suman a Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu, que permanecen en la lista negra.
El Gobierno panameño se adelantó a la UE y anunció ya el lunes que el país sería incluido otra vez entre los paraísos fiscales.
«Panamá no es un destino mundial para la evasión fiscal» y «tampoco el registro predilecto para las sociedades ‘offshore’» o extraterritoriales, afirmó la viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes.
Argumentó que «desde julio de 2019 hasta la fecha no se ha hecho ninguna evaluación técnica de la UE a Panamá, y estas nuevas inclusiones obedecen a que la metodología de UE establece que si un país está incluido en la lista de la OCDE y el GAFI, automáticamente deben ser incluidos en las de la UE en un efecto domino».
La UE no ha modificado sus criterios para determinar qué países son paraísos fiscales, pero sí ha vuelto a evaluar el cumplimiento de los mismos y, aunque la situación de Panamá no ha cambiado en este sentido, el hecho de que la OCDE la haya incluido en su lista implica que la UE tiene que incorporarla a la suya.
Estar en la lista negra no conlleva sanciones más allá de la prohibición de que los fondos comunitarios transiten a través de entidades establecidas en esos territorios.
La UE también ha actualizado la denominada lista gris, en la que se encuentran aquellas jurisdicciones que todavía no cumplen las exigencias comunitarias, pero que se han comprometido a hacer cambios, de modo que pasa de 32 a 12 países.
Turquía, Anguila, Botswana, Bosnia Herzegovina, Eswatini (antigua Suazilandia), Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia y Tailandia figuran en esta lista porque aún deben hacer cambios en materia de transparencia.
Marruecos, Australia, Santa Lucía, Namibia y Jordania, por su parte, tienen todavía que adaptar sus legislaciones para acabar con ciertos regímenes fiscales perjudiciales.
La UE da a cada uno de los países un plazo concreto para subsanar sus deficiencias.
El bloque europeo puso en marcha su lista negra en diciembre de 2017 y desde entonces evalúa periódicamente a terceros países en función de tres criterios: el nivel de transparencia e intercambio de información, la existencia de prácticas fiscales perjudiciales y el cumplimiento de las normas internacionales para evitar la erosión de la base imponible.