La urgente e inaplazable reconstrucción institucional de Venezuela

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Con Informacion de La Gran Aldea

“La salud pública en Venezuela redujo en 70% su capacidad de respuesta desde 2016. El 28% de los escolares no asisten a clases por falta de agua. La educación y la salud constituyen el núcleo prioritario de la reconstrucción institucional porque en sus redes, organizaciones, personal, políticas y filosofía descansa la posibilidad de contar con ciudadanos comprometidos con el crecimiento y mejora del país en todos sus planos. ¿Cómo se genera un criterio de pertenencia en un país que aspira vivir en democracia plena?”.

ISABEL PEREIRA PIZANI | 31 JULIO 2023

Se anuncian los tiempos para comenzar a recoger los vidrios rotos, valorar lo que sirve hoy y puede ser útil mañana. Unir lo fracturado y comenzar a andar con una nueva visión de búsqueda de dignidad, libertad e igualdad para todos. La reconstrucción en su origen es un desafío moral, pues es poner la bitácora hacia la creación y valorización y no hacia la venganza y el ajuste de cuentas, un cambio de las reglas de juego que rigen nuestra conducta individual y colectiva. Para lograrlo indudablemente hay que hacer un gran esfuerzo, internalizar la capacidad de perdonar, entender la fragilidad humana y recomenzar con una mirada distinta a pegar los fragmentos de aquello que una vez se llamó Venezuela.

Este camino tiene que ser total, abarcar todos los rincones, detectar lo que ha sido profanado, invadido, avasallado por la corrupción, reconocer los fragmentos sanos y buscar el inmenso frasco de pegalotodo, esta vez insuflado de un espíritu positivo de armonía y reconocimiento de lo que genuinamente tiene valor. Esta reconstrucción institucional para que sea válida tiene que abarcar, cubrir todos los espacios en sus planos objetivos y subjetivos. Quizás el inicio sea la educación en todas sus gradaciones desde el nivel inicial, básico, medio, superior, en la formación para el trabajo, en su profunda conexión con la economía y búsqueda de nuevos conocimientos, destrezas científicas, tecnológicas que nos permita avanzar a los niveles más altos que se están surcando en muchos puntos del mundo.

El campo de la salud ha sido otro de los más afectados, en todas sus dimensiones, abandonado, en este país donde la búsqueda del mayor bienestar físico y mental de sus habitantes se ha transformado en un terreno politiquero de experiencias populistas fracasadas a costillas del bienestar humano. Unos 9,3 millones de personas con algún problema crónico de salud no tienen cómo atenderse por falta de recursos o medicamentos. La salud pública en Venezuela redujo en 70% su capacidad de respuesta desde 2016.

“El desafío en todos los campos institucionales es cómo y qué rescatar, cuáles decisiones y ejecuciones pueden contribuir a una transición positiva”

Se impone la gran tarea de recuperar las enormes redes de atención sanitaria que cubrían nuestro país -los ambulatorios comunitarios- a la vez que se repotencia esa invaluable red de grandes hospitales y centros de salud que atendían a toda Venezuela y que no han podido ser sustituidos por ningún programa tipo “Barrio Adentro” que solo ha destruido la calidad de la atención y succionado los recursos que nutrían nuestra gran red de ambulatorios nacionales. Uno de los principales desafíos que es necesario resolver es lograr recalificar las huestes de personal sanitario graduadas recientemente, olvidar su calificativo como operadores políticos y seriamente dimensionar la separación de su nivel de conocimientos con los egresados de las escuelas de Medicina y salud de las universidades autónomas nacionales, evaluarlos, recalificarlos e incorporarlos al servicio del país. Estos médicos integrales son jóvenes, pueden aportar lo que han aprendido y avanzar en un proceso de recalificación. No son culpables son víctimas de un engaño colectivo.

La educación y la salud constituyen el núcleo prioritario de la reconstrucción institucional porque en sus redes, organizaciones, personal, políticas y filosofía descansa la posibilidad de contar con ciudadanos comprometidos con el crecimiento y mejora del país en todos sus planos.

En el ámbito educacional se constata que los datos de la matrícula escolar acusan una pérdida creciente de estudiantes. En 2006, por cada 100 personas en edad escolar, 51 estaban inscritos en el sistema educativo. Hoy, por cada 100, apenas 32 reciben formación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), en Venezuela 28% de los escolares no asisten a clases por falta de agua, 22% por carencias de alimentos en el hogar y 13% por el incumplimiento de la dimensión alimentaria en la escuela.

La crisis educativa también ha derivado en la pérdida de escuelas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que, desde 2016, han desaparecido 1.275 planteles educativos: 848 escuelas públicas y 427 privadas. De 30.687 planteles educativos que había en 2016, quedan 29.412. Realidad contraería a la aseveración de Nicolás Maduro quien expresó recientemente que “a pesar de la guerra económica, no se ha cerrado ni se cerrará jamás una escuela”.

En cuanto al reclamo público de los maestros y su imprescindible e insustituible misión en cualquier sociedad, es urgente reconocer que hoy en Venezuela enfrentan su crisis más profunda a nivel salarial, conminados a abandonar las aulas de clase, a buscar otros empleos y a emigrar. En 2019 estaban en sus posiciones 527.538 maestros hoy quedan 263.769, un proceso que continua de forma indetenible. Según datos de UDSE 50% de los profesionales en educación integral, especial, matemáticas, física, química, biología e inglés, ya no están en las aulas de clases. Los maestros en Venezuela apenas pueden adquirir 5% de la canasta básica de alimentos. El docente de mayor rango percibe un poco menos de 10 dólares al mes. Mientras que el de menor escalafón no llega a los 5 dólares. Una consecuencia de la escasez de maestros ha sido la aparición de los llamados maestros “piratas”, según el experto en educación Leonardo Carvajal, con 17 años, carecen de la titulación adecuada para impartir las clases que se les asignan.

Otro gran reto en la reconstrucción institucional es el referido al sistema de justicia, hoy brutalmente trastornado, profanado, tergiversado, ámbito en el cual se plantea el gran desafío que representa la ruptura con el Estado de Derecho. Lo más significativo es el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ejercido desde el poder político y exactamente desde el Ejecutivo.

Con la reforma de la Ley del TSJ en mayo de 2004 entró en vigor la muy cuestionada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), aprobada por la mayoría parlamentaria oficialista en la Asamblea Nacional. Su objeto expreso fue aumentar el número de jueces (“magistrados”) en cada una de las Salas del TSJ, para asegurar el control político de las mismas. Muestra de una década de intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los Derechos Humanos en Venezuela. Otro evento significativo de la crisis del sistema de justicia fue la elección de magistrados. En el año 2010, se eligieron anticipadamente nueve (9) nuevos magistrados titulares para el TSJ y 32 suplentes. El proceso de selección comenzó debido a la jubilación extraña acordada el 14 de mayo de 2010, por la Sala Plena del TSJ cuando se dictó la resolución No. 2010.

Para enfrentar esta destrucción del sistema de justicia es imprescindible conocer qué proponen nuestras facultades de Derecho de las universidades nacionales. ¿Cómo lograr transitar de la justicia como un área institucional doblegada y subordinada al poder central y transformarla en todo un andamiaje al servicio del ciudadano, de los derechos civiles, políticos, humanos? Este es un campo de alta sensibilidad, en ella descansa uno de los pilares fundamentales del equilibrio democrático, se trata de cómo y qué hacer para que la justicia sea impecable y genere la confianza que requiere la vida ciudadana en su sistema político.

Sin olvidar un tema vital para la reconstrucción institucional es el relativo al carácter electoral de la democracia. Según Norberto Bobbio “el sufragio universal es la característica para que una sociedad moderna pueda ser considerada como democrática”. La inquietud que subyace a este tema sería ¿cómo rehacer la confianza en una institución electoral equilibrada que garantice al ciudadano que sus aspiraciones sean respetadas?

Siempre en cada campo de reconstrucción surge el inquietante peligro que conlleva la transición de un modelo sin autonomía a otro autonómico, al servicio de los nobles fines de la democracia. Uno de los mayores obstáculos en la reconstrucción de las instituciones jurídicas es cómo enfrentar la corrupción judicial, hasta dónde han sido impregnados los jueces y tribunales de descomposición y servilismo. Enderezar los registros públicos convertidos en mercaderes de los requerimientos legales de los ciudadanos en el cumplimiento de las grandes decisiones de los tribunales sobre la suerte de los ciudadanos. ¿Qué hacer, cómo mover el ejército de funcionarios del sistema judicial a una posición orientada al servicio al ciudadano?

El desafío en todos los campos institucionales es cómo y qué rescatar, cuáles decisiones y ejecuciones pueden contribuir a una transición positiva, a una reeducación de los servidores públicos que les permita lograr sintonía con la ciudadanía y no con las órdenes que emanan de centros de represión política. Cómo hacer para que el ciudadano recupere la confianza en los defensores institucionales de sus derechos, quiénes serán los nuevos jueces de conducta transparente, defensores del ciudadano y de sus derechos, pero a la vez capaces de reconocer objetivamente las violaciones, aplicar castigos, acabar con la impunidad criminal y aplicar sanciones coherentes y equilibradas.

En todos estos planos, la educación, la salud, la justicia se imponen los grandes retos que implican reconstruir un Estado al servicio del ciudadano, pero también rescatar, aunque sea con pinzas, los avances, los nuevos aprendizajes, las ideas nuevas que hayamos podido aprender; ser capaces de reconocer al inmenso caudal de gentes que intentaron aun en las condiciones más adversas actuar con honestidad, fieles a la verdad, a la ley, defendiendo los derechos ciudadanos, estamos seguros que se encontrarán grandes hallazgos en este terreno.

Uno de los campos más importantes de la reconstrucción institucional es el correspondiente a la valoración de nuestra gente: los maestros, el personal de salud, médicos, enfermeras y la gran variedad de servidores públicos, los que con su capacidad técnica han sido responsables de reparar todo tipo de averías eléctricas, sanitarias, telefónicas, seguridad personal y patrimonial, resolviendo problemas operativos de la cotidianidad, es imprescindible rescatar su dignidad y reconocer sus derechos, ubicarlos en los lugares que se merecen por haber tenido la educación de las generaciones presentes y futuras en sus manos y haber sobrevivido a las terribles circunstancias que pesaban sobre nuestros sistemas educativos, sanitarios, servicios públicos en todos los niveles desde el primario hasta los más complejos, la atención curativa hospitalaria y la resolución de problemas técnicos implicados en la conexión con servicios públicos indispensables para el funcionamiento de los hogares.

Muchas inquietudes surgen respecto a la seguridad, la protección ciudadana y el campo militar. Quizás el prioritario, además de reconocer sus dificultades, sea el desplegar una gran acción de rescate moral y ética de todas las instituciones que portan armas, para defender la libertad y la integridad ciudadana y el respeto a los valores de la civilidad de la cual deben ser sus grandes servidores.

Es importante acercarse y conocer cómo se transmite el conocimiento de nuestra historia como país, nación, Estado, en las instituciones que forman a los defensores de la libertad ciudadana. ¿Cómo se genera un criterio de pertenencia en un país que aspira vivir en democracia plena? Los cuerpos armados en Venezuela deben tener acceso a un conocimiento profundo del país, cómo se conformó, cuáles han sido sus grandes logros y cuáles los desafíos. No puede taparse el sol con un dedo y cambiar la historia hacia una versión adulterada de víctimas, culpables y de vengadores del honor nacional.

El campo de las instituciones armadas se presenta como el terreno propicio para sembrar nuevos valores no de dominación sino de libertad, no de sumisión sino de servicio, erradicar la debilidad ante la corrupción y la riqueza fácil, sobre todo poder reconocer con grandeza y humildad que son servidores públicos cuya misión es garantizar que todos los ciudadanos confíen en sus instituciones y lo muestren en su comportamiento cotidiano.

No es posible relegar el aprendizaje que hemos recibido a la fuerza al vivir día a día la destrucción de los medios de comunicación independientes, la saña ejercida para robar nombres y tradiciones periodísticas, doblegar conciencias y arrebatarles a los ciudadanos venezolanos la posibilidad de mirar al mundo, conocer sus realidades, confrontar las versiones sobre nuestra historia y cotidianidad. Será un gran día de fiesta nacional cuando se anuncie que la dictadura comunicacional ha sido terminada, que la pérfida institución llamada “Conatel” ha cesado en sus funciones represivas, y que nuestros periodistas en todos los campos pueden ejercer de nuevo sus funciones como los ciudadanos libres que son. Bienvenido el primer día de reapertura y operación de RCTV y Radio Caracas Radio, el momento en que El Nacional recupere su sede, el día en que de nuevo se abran los quioscos de venta de periódicos, como en cualquier ciudad civilizada del mundo.

En estos momentos que se debaten candidaturas para dirigir el país con base en una elección primaria es menester que los aspirantes reconozcan la dimensión de una tarea que históricamente no ha tenido comparación, se trata de cómo plantea ese gran conocedor de nuestra historia Elías Pino Iturrieta y su contraparte la joven periodista Adriana Núñez Rabascall, de comenzar a corregir las malas manerascrear conciencia ciudadana y ejecutar un infinito y vasto plan de reconstrucción institucional que nos conduzca por el buen camino hacia lo que podemos ser, un país de ciudadanos responsables, libres e iguales.