El régimen venezolano nuevamente evade su responsabilidad de garantizar los derechos ciudadanos, esta vez, al dificultar el ejercicio del voto de los exiliados venezolanos. Aunque la Constitución de 1999, promovida por el chavismo, asegura el sufragio, el gobierno ha diseñado una estrategia para impedirlo.
Jorge Rodríguez, líder del Parlamento chavista, atribuye las dificultades para votar en el extranjero a factores externos, como la falta de representación consular en Estados Unidos. Además, menciona el caso argentino, culpando al gobierno de Javier Milei de supuestas interferencias en el proceso electoral.
El número de migrantes venezolanos supera los 7.5 millones, de los cuales se estima que cuatro millones podrían votar. Sin embargo, solo unos 107.000 están registrados en el padrón electoral, según cifras no actualizadas del Consejo Nacional Electoral.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales venezolana establece que solo pueden votar en el exterior aquellos con residencia legal fuera de Venezuela. Sin embargo, la interpretación y los requisitos impuestos por las embajadas han complicado este proceso.
La oposición denuncia que, pese a la ley, las embajadas exigen trámites adicionales y el Consejo Nacional Electoral no facilita la actualización de datos. Esto deja a millones de venezolanos fuera del proceso electoral, presumiblemente porque su voto sería contrario al chavismo.
La exclusión de los migrantes en las elecciones evidencia las fisuras del régimen de Maduro, que busca mantenerse en el poder impidiendo la participación de aquellos cuyo voto podría desafiar su dominio.
