Levantar embargo de armas de la UE podría provocar nuevas violaciones de derechos humanos

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En un informe publicado el lunes 6 de noviembre, la ONG Laboratorio de Paz alertó sobre las posibles consecuencias de levantar las sanciones individuales y el embargo de armas impuestos por la Unión Europea (UE) a Venezuela. Según la organización, esta acción podría generar condiciones propicias para la violación de los derechos humanos en el país.

La advertencia de Laboratorio de Paz surge después de que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, solicitara que la UE levante las sanciones a Venezuela, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, en vista de los avances en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

En su informe, la ONG resaltó que las sanciones impuestas por Estados Unidos difieren de las de la UE, ya que estas últimas son selectivas y se centran en individuos específicos. Las medidas de la UE incluyen un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viajar y la congelación de bienes de 55 funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

Según el informe, entre 1998 y 2022 se habrían exportado a Venezuela un total de 5.615 millones de dólares en armamento. España y Países Bajos ocupan el tercer y cuarto lugar, después de Rusia y China, como los principales proveedores de armas a los gobiernos chavistas.

En el año 2014, España realizó la mayor venta de armas a Venezuela por un monto de 1.483.263 euros, coincidiendo con las protestas antigubernamentales que dejaron numerosas víctimas. Esta situación ha llevado a diversas organizaciones de derechos humanos a cuestionar la venta de armas por parte de España a países involucrados en conflictos internos o con graves violaciones a los derechos humanos.

Ante este panorama, Laboratorio de Paz recomendó al Consejo de la UE que prorrogue las medidas restrictivas sobre Venezuela durante 12 meses adicionales. La organización considera que es necesario mantener estas sanciones para evitar nuevas violaciones de derechos humanos en el país.