Quedan solo 10 días para que entre en vigencia la nueva ley migratoria firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La incertidumbre acecha a las familias que se encuentran haciendo vida en la ciudad con un estatus migratorio irregular.
El pasado 29 de abril, el Senado de Florida aprobó el polémico proyecto de ley SB 1718, que establece duras medidas que pretenderán erradicar la inmigración irregular. El miércoles 10 de mayo, la misma se hizo oficial al obtener la firma y promulgación del gobernador republicano.
La medida está enfocada en diferentes ámbitos sociales de los inmigrantes ilegales. También fue creada para la regulación contractual de las empresas. En términos generales, la ley migratoria endurecerá los requisitos de las empresas obligándolos a verificar el estado migratorio de los trabajadores.
Además, proporciona más fondos para el programa de reubicación de inmigrantes e incluye medidas que afectarán a los indocumentados en el ámbito laboral, educación, transporte, identificación y principalmente en la salud. Este último punto ha generado controversia y preocupación entre los migrantes. Es decir: ¿La nueva ley impedirá que las personas de estatus migratorio irregular reciban atención médica?
Lo que dice la medida
La nueva legislación exige a los hospitales y centros de asistencia médica que aceptan Medicaid, un programa federal y estatal que ayuda a cubrir gastos médicos de personas con recursos limitados, recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes en formularios o registros.
Según lo estipulado en la sección 5, artículo 395.3027 de nombre “Recopilación de datos sobre el estado migratorio del paciente”, cada hospital debe dejar un registro físico sobre la información del paciente.
“Cada hospital que acepta Medicaid debe incluir una disposición en sus formularios de admisión o registro de pacientes. Debe indicar si el paciente es ciudadano de los Estados Unidos o está legalmente presente en EE.UU. o no está legalmente presente en el país”, señala la ley.
Esta nueva disposición alertó a los inmigrantes con un estatus migratorio no regulado en cuanto al condicionamiento de la atención médica. Así como en una posible persecución de las autoridades. No obstante, al respecto, la ley señala los siguiente:
“La consulta debe ir seguida de una declaración de que la respuesta (en el formulario o registro) no afectará la atención del paciente ni resultará en un informe del estado migratorio del paciente a las autoridades de inmigración”.
Por lo tanto, esta sección en especifico NO prohíbe la atención médica a los migrantes indocumentados. Tampoco se alertará a las autoridades migratorias de su situación. El paciente solo debe indicar su estatus migratorio, si es que lo desea, ya que es importante tener en cuenta que la persona estará en todo su derecho de negarse a responder esta pregunta.
El documento explicativo de la medida, deja entrever que el motivo de la recopilación de estos datos es conocer el presupuesto de atención médica que se asigna a los pacientes. Entre los que se encuentran aquellos que son ciudadanos estadounidenses, los que están legales en el país, los que no y aquellos que no respondieron.
¿Los hospitales deben compartir los datos con las autoridades?
Según lo explicado por expertos migratorios, cada centro asistencial debe presentar un informe trimestral a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud. Lee más aquí.