A 18 días de haberse iniciado el conflicto en el Alto Apure, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el peor saldo lo registra la institución castrense con ocho militares muertos en el terreno, unos por pisar minas antipersonales sembradas por la guerrilla, otros en un hecho no explicado claramente y que hace presumir fue el ataque de los irregulares contra un vehículo militar y, el peor de todos, el accidente con un mortero.
La declaración de los diversos funcionarios del gobierno resultó incoherente desde el principio, hasta que fueron creando una sola pero inverosímil explicación: que el presidente de Colombia Iván Duque envió a la disidencia de las FARC a que invadiera el territorio venezolano y atacara a la FANB venezolana.
El problema con esa tesis es que ni siquiera al interior de la Fuerza Armada le dan veracidad, porque desde hace años es público, notorio y comunicacional que la guerrilla está en territorio venezolano, aunque el Gobierno se haya obstinado en negarlo.
También es un hecho que la disidencia de las FARC, sea la Nueva Marquetalia (FARC-Santrich) o las que no firmaron el Acuerdo de Paz (FARC-Gentil Duarte), son enemigos jurados del Gobierno colombiano; ambas FARC están enfrentadas. Las de Santrich han tenido la bendición de Nicolás Maduro. A las otras es a la que ahora llaman “terroristas y narcoparamilitares”.
Los militares muertos se han convertido en un reclamo que hace más ruido por su silencio atroz, principalmente por los cuatro que murieron durante la manipulación de un mortero: teniente Coronel Raúl Roilander Quintero, Primer Teniente Julio Manuel Inojosa Morgado, S1 Breinner Alexander Granados Suárez y el C/2DO Yoendry Enrique Piñero Ortega. Ya antes murieron, no está muy claro aun si fue por minas antipersonales o por ataque contra la comisión: el sargento Segundo Jesús Alexander Vásquez Pérez y el sargento primero Andiel Isturiz Sojo. El 21, cuando arranca la Operación, fallecen por mina antipersonal: Mayor Edward Ramón Corobo Segovia y Primer Teniente Yonathan Miguel Duarte.
Suena desgastado y a destiempo que altos funcionarios militares y civiles descubran ahora con sorpresa la existencia de minas antipersonales. ¿Entonces no cuenta la muerte, el 5 de agosto de 2018, de tres militares del 121 batallón de infantería motorizada Venezuela, al pisar una mina antipersonal sembrada por el Ejército de Liberación Nacional?
Ese día, hace tres años, esa mina asesinó en territorio venezolano a tres militares: primer teniente Junior Javier Hernández Viloria, sargento mayor de tercera Julio Cesar Soto Amaya y sargento segundo Brayan Alexander Acosta Fruto.
Sobre los militares muertos por el manejo del mortero, la reacción airada de compañeros de armas no se hizo esperar. Estallaron los mensajes: “En aquellos tiempos hubo uno que otro accidente y fallas humanas, por supuesto. Lo que hoy en día están proliferando muerte de nuestros soldados, nos estamos haciendo daño los venezolanos mismos, no hay training, no hay entrenamiento, no hay una idea clara de lo que es el concepto del hombre de uniforme para combatir en el lugar que le corresponda, no hay conocimiento del equipo con que se cuenta, o el equipo es malo, son equipos viejos”, dice un militar.
Otro responde: “Yo fui comandante del Batallón de Morteros y coincido completamente con que eso es falta de adiestramiento y lo otro que hay que cuidar es por qué detonan dentro del tubo. Y si está allí en el puesto, esa pieza debió hacerse un emplazamiento con defensa perimétrica. También es un incidente, hay que proteger las granadas. Mira, las fosas que vimos toda la vida cuando estuvimos de cadetes, en todos los períodos que fuimos a entrenamiento a El Pao, bastantes huecos que abrimos en ese Pao”.
Un oficial solicita la necesidad que “se asuma con responsabilidad el entrenamiento de nuestros soldados para que puedan estar en capacidad de lucha, porque si no, nos estamos matando nosotros mismos y digo nosotros porque estoy seguro que tú piensas que seguimos siendo soldados dentro del corazón, dentro del sentimiento de uno. Es muy lamentable eso, como también es muy lamentable ver a unos delincuentes disfrutando de lo que fue el Club de la Policía Metropolitana, y diciendo que no les importa ni los policías ni nadie”.
“¡Cuánto se luchó en la frontera! ¡Cuántos muertos hubo en la frontera en el pasado! De verdad, es preocupante para uno y que el Dios de los Ejércitos se apiade de las Fuerzas Armadas y que no haya más víctimas por lo que está pasando en la frontera venezolana”.
Finalmente, otro se pregunta, “en cuanto a la unidad blindada del incidente en Apure, donde murió un soldado o varios resultaron heridos, ese vehículo ruso es del año 1972. ¿Cuántos años han transcurrido y es lo que hemos venido adquiriendo aquí en Venezuela?”.
Urge la investigación
También entre civiles lo ocurrido en Apure ha captado la atención. La organización Ciciven requiere la investigación de la masacre de la familia Ramírez Remolina, “detenida arbitrariamente en su hogar en el barrio 5 de Julio, en la población de La Victoria, estado Apure, y que posteriormente apareció ejecutada en el sector El Ripial, por parte del grupo FAES, organismo policial del régimen de Nicolás Maduro, cuya eliminación ha sido solicitada de manera reiterada por Naciones Unidas, al ser responsabilizada de numerosas torturas y ejecuciones extrajudiciales”.
Se pronuncian “ante los graves hechos ocurridos recientemente en la Victoria, estado Apure, zona fronteriza de Venezuela con Colombia, entre grupos delincuenciales, identificados como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y amparados por el gobierno de facto de Venezuela”.
El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) cuenta, entre su Junta Directiva y Asesores, al ex embajador de Venezuela en Rumania, Israel y Brasil, así como representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay Mirkovich; el destacado analista y profesor de derecho internacional, Adolfo Pedro Salgueiro Dickmann; así como Elizabeth Tinoco, Silvia Shanelly, Wilfredo Castro; en la presidencia de Ciciven está el internacionalista William Cárdenas Rubio y en la vicepresidencia el exparlamentario y abogado Paciano Padrón.
En el comunicado destaca que “el Estado venezolano, en ningún caso, ha garantizado la protección a la población civil, dando como resultado que más de cinco mil personas se han desplazado forzosamente hacia territorio colombiano, en condición de refugiados, y otros han huido hacia poblados del mismo estado Apure o de los vecinos estados Táchira y Barinas”.
Reconocen que “se ha producido bombardeos, combates y atentados terroristas en varios sectores de La Victoria, parroquia Urdaneta del Alto Apure, quedando sus habitantes en medio del fuego cruzado de esa confrontación armada, se han registrado ejecuciones extraoficiales por parte del cuerpo de exterminio y torturas del régimen de Nicolás Maduro, conocido como Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, además de allanamientos, saqueos y destrucción de viviendas y comercios, por lo que sus pobladores huyeron en busca de protección a la vecina población de Arauquita, en territorio colombiano”.
A juicio de Ciciven las confrontaciones armadas, que se libran en Apure en este momento, “buscan el control de las rutas del narcotráfico, contrabando de armas, minerales, combustible y otros insumos, y que entre los planes de una de las facciones apoyada por el Gobierno del usurpador Nicolás Maduro se encuentra controlar un espacio territorial, para expandir sus operaciones armadas y controlar totalmente el tráfico criminal”.
Debido a lo que ocurre en la frontera, el Comité Internacional contra la Impunidad exige a Nicolás Maduro y al gobierno de Colombia “garantizar el retorno inmediato de los desplazados a sus hogares en Venezuela, su seguridad personal y el restablecimiento de sus propiedades y bienes destrozados y sustraídos por las fuerzas públicas venezolanas”.
Así mismo solicitan que se garantice la “investigación imparcial, castigo para los responsables y reparación para las víctimas. Del mismo modo, ejercer las acciones necesarias para evitar una escalada de violencia y una expansión del conflicto armado, que pudiera seguir afectando a la región y a sus pobladores”.
Finalmente instan a la comunidad internacional, “especialmente a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte Penal Internacional (CPI), a Antonio Guterres Secretario General de la ONU y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, abrir las investigaciones pertinentes In Situ, para establecer las responsabilidades y sanciones a que dé lugar, según el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma”.