El Estado de Chile se enfrenta a un pago de 1,4 millones de dólares a 31 de los 33 mineros que estuvieron atrapados en la mina San José durante 68 días en 2010. La Corte Suprema ha rechazado un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el organismo encargado de proteger los intereses del estado chileno en los juicios. Los mineros alegaron que las instituciones estatales encargadas de supervisar los yacimientos del país, como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo, no cumplieron con su deber.
Después de 13 años desde el accidente y el rescate que conmocionó al mundo, cada minero que demandó al Estado chileno recibirá aproximadamente 46 mil dólares como indemnización. Esta compensación, de alguna manera, busca cerrar el capítulo que cambió sus vidas para siempre.
Según informó el diario El Mercurio, algunos de los afectados ya habían perdido la esperanza de recibir la indemnización. Omar Reygadas, uno de los mineros, junto con el exfutbolista Franklin Lobos, también atrapado en la mina San José, ahora trabajan en una empresa de alquiler de vehículos. Al ser consultado sobre la mencionada indemnización, Reygadas dijo resignado: «Eso ya lo había dejado en manos de Dios».
Johnny Barrios, quien sufre de silicosis debido a su larga exposición al polvo en la minería, actualmente trabaja como conductor de maquinaria pesada en la municipalidad de Copiapó. Barrios afirma que con el dinero de la indemnización planea renovar su camioneta y destinar el resto a proyectos familiares.
José Ojeda, el hombre que escribió el mensaje «Estamos bien en el refugio los 33», que alertó al mundo de que todos estaban vivos 12 días después del accidente, reveló que padece diabetes, problemas cardíacos y alzhéimer. En una entrevista con El Mercurio, Ojeda afirmó: «En 2018 nos iban a pagar 80 millones de pesos (93 mil dólares), pero los abogados del CDE apelaron y redujeron la cantidad. Aquí no se hizo justicia, solo se cerró el caso».
Raúl Bustos y Juan Illanes son los dos mineros que no se unieron a la demanda. Illanes explicó en su momento que, en su opinión, quienes debían indemnizar a los mineros eran los propietarios de la mina, no el Estado. Por su parte, Bustos declaró que ya había dejado atrás el pasado y que estaba enfocado en otros aspectos de su vida.
Luis Urzúa, quien era el supervisor del turno al momento del accidente, ahora se dedica a dar conferencias sobre seguridad laboral. Para él, el pago de la indemnización representa el cierre de un ciclo. «Esto está estableciendo un precedente para la industria minera en Chile. Para mí, lo más importante no era el dinero, sino cerrar este capítulo», afirmó.
Según el abogado Jorge Ríos, representante de los mineros que demandaron al Estado chileno, el pago de estas sumas no debería demorar más de dos a cuatro meses.
El accidente en la mina San José, que actualmente se encuentra cerrada, ocurrió el 5 de agosto de 2010, cuando una roca del tamaño de un edificio bloqueó la entrada de la mina. Los mineros tuvieron que sobrevivir bajo tierra hasta el 13 de octubre de ese año, cuando fueron rescatados uno por uno a través de la famosa cápsula Fénix.
Infobae