El sueldo en Venezuela no se ha ajustado desde marzo de 2022. Para el momento en que se hizo ese anuncio oficial, el monto equivalía a 30 dólares mensuales a tasa BCV. Sin embargo, la abrupta devaluación del bolívar ha pulverizado ese dinero con el que, a la fecha, solo se pude comprar un kilo de queso duro
Nicolás Maduro informó este lunes 1° de mayo que el cesta ticket se aumentará a 40 dólares y quedará indexado a la divisa estadounidense, a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
También se dará un «bono de guerra» de $20 para llevar ese ingreso a un total de $60. Sin embargo, esto no tiene incidencia salarial. La asignación dada a través de la Plataforma Patria la recibirán únicamente las personas inscritas en él.
El gobernante no realizó un incremento al sueldo mínimo, lo que implica que, por ejemplo, los jubilados y pensionados seguirán cobrando 130 bolívar mensuales que, al cambio actual equivalen a $5,25.
Según el dirigente oficialista, estas medidas económicas forman parte de «un Plan de Resistencia del Ingreso» que «nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario en las condiciones colectivas, pero ahora tenemos que resistir, y resistir con fuerza», señaló durante una alocución pública desde un acto de cierre por la marcha del Día del Trabajador.
El sueldo en Venezuela no se ha ajustado desde marzo de 2022. Para el momento en que se hizo ese anuncio oficial, el monto equivalía a 30 dólares mensuales a tasa oficial. No obstante, la abrupta devaluación del bolívar ha pulverizado ese dinero.
Cabe acotar también que este es el segundo año en el que el gobierno de Maduro no realiza un aumento de sueldo un 1° de mayo.
El gobernante venezolano dio otros anuncios que tienen que ver con lo que llamó «Plan de Resistencia al Ingreso». A continuación se señalan los puntos que abordó:
1- Maduro señaló que implementará una política tributaria que «imponga obligaciones a quienes generan grandes ganancias». Ello significa, según explicó, que se va a «apalancar financieramente el sistema de cajas de ahorro», para «fortalecerlo» y «fomentar planes de recreación, el turismo y el deporte laboral».
2- Se creará una comisión nacional de alto nivel con el fin de que sea esa la instancia que estudie y active nuevas convenciones colectivas para el sector público.
En enero de este año, se reunieron resentantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), miembros del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores en el marco del Foro de Diálogo Social. Se instalaron mesas de trabajo para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita. No se llegó a ningún acuerdo.
3- De acuerdo con la información oficial compartida, las instalaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como infraestructuras de salud situadas en empresas del Estado, se empezarán a «recuperar» de la mano de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), que, como han dicho expertos, solo sirven para «tener mano de obra barata y sacar provecho político».
4- Se ordenó la transferencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) al ministerio del Trabajao, para «reimpulsar la formación técnica profesional desde el trabajo».
Estos anuncios económicos se dieron este 1° de mayo, al término de la marcha oficialista por el Día del Trabajador, 106 días después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asegurara que el mandatario anunciaría un ajuste salarial en «pocas horas». Desde aquella promesa, dirigida a todo el país en una marcha de educadores —uno de los sectores del mercado laboral más golpeado por la situación salarial— organizada por el propio chavismo. el Gobierno ha mantenido un silencio casi sepulcral desde el comentario de Rodríguez.
Las únicas ocasiones en las que Maduro ha tocado el tema, han sido para justificar la ausencia de un aumento, escudándose en la escasez de recursos que maneja el Estado y culpando a las sanciones implementadas por Estados Unidos a la cúpula chavista y a la industria petrolera venezolana.