Venezuela ha entrado, con el comienzo de 2023, en una fase de extrema peligrosidad. Solo unos meses duró la ilusión de que vendrían tiempos mejores, de la que se hicieron eco la amplia familia de los alacranes: alacranes puros, alacranes sobrevenidos del G3, alacranes del sector empresarial, alacranes de radio, alacranes que quieren saltarse las primarias, alacranes cuya mejor especialidad política es señalar a los demás y liberarse de toda responsabilidad.
Decía el relato de la Venezuela en vías de arreglarse, relato que comenzó a forjarse alrededor de abril del año 2022, que vendría una mejora de la economía, un ambiente de apertura política y diálogo, programas para atender la emergencia humanitaria que está arrasando las vidas de millones de familias en todo el país.
Pero la ilusión no se ha sostenido ni siquiera seis meses: la inflación se ha desatado, el hambre se extiende por el territorio, han vuelto las colas kilométricas para comprar combustibles, los hospitales y centros de salud se mantienen en condiciones calamitosas, policías y militares continúan extorsionando a peatones y conductores. La persecución sigue, también la tortura, a los luchadores sociales los persiguen hasta el último rincón. El desastre se expande, se profundiza, se alarga. Más de 95% de los trabajadores del sector público ganan un salario mísero, que apenas supera los 6 dólares por mes.
Digo a los lectores de este espacio que hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo. A la arremetida que hubo el año pasado, especialmente durante el segundo semestre, en contra de los medios de comunicación, y que se materializó en el cierre de decenas de emisoras de radio, se suman ahora los ataques a los trabajadores y a sus dirigentes, a las organizaciones no gubernamentales y a la Iglesia Católica. Veamos.
Lo que está ocurriendo con la dirigencia sindical y gremial venezolana es de extrema gravedad. No me refiero solo a la represión de las marchas de docentes, médicos y otras, por parte de fuerzas militares combinadas con grupos paramilitares. A los dirigentes sindicales se los apresa, se los procesa judicialmente, se los amenaza y amedrenta, se los despide de sus trabajos, se los difama y se los agrede físicamente. La siguiente afirmación puede documentarse: no ha habido en la historia venezolana un represor tan feroz y sostenido de los trabajadores y sus líderes como el llamado presidente obrero (que nadie lo olvide: conductor de buses del Metro de Caracas, famoso por el tiempo que pasaba de reposo).
Mientras a los maestros se los acosa y reprime en las calles, la ilegítima Asamblea Nacional, el producto del régimen ilegítimo, ilegal y fraudulento, ha aprobado una ley, cuyo nombre ya es revelador de las intenciones que la animan: Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines.
En el portal informativo Crónica Uno se narra con detalle la nefasta intención que ha tardado 17 años en concretarse, que asomó por primera vez en 2006, y que volvió en los años 2010, 2015, 2021 y 2022, hasta esta última versión de 2023, que ha sido finalmente aprobada.
Basta con escuchar las sandeces emitidas por el teniente Cabello, para entender el fondo que anima la ley. El principal y, a la vez, más precario argumento, parafrasea al de Daniel Ortega: acusa a las organizaciones no gubernamentales de ser representantes de intereses extranjeros, en concreto, de Estados Unidos. No se le otorga ni la más mínima consideración al trabajo que realizan. Ni lo que ello representa para los beneficiarios. De lo que se trata, en realidad, es de acabar con las organizaciones que defienden los derechos humanos, la libertad de expresión y a las víctimas de la represión. De hecho, con su descaro de teniente que goza de total impunidad, ya habló de la lista de 62 organizaciones que están en la mira del gobierno. Entre ellas, Provea y otras que han sido firmes en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Los 17 artículos que tiene la ley las expone al total dominio del régimen, que podrá disolverlas, intervenirlas, conocer sus operaciones, balances, nombramientos, sus fuentes de financiamiento, la lista de sus donantes, sus proyectos, actividades rutinarias y demás. La ley las despoja por completo de cualquier forma de privacidad. Sin embargo, todavía hay dos cuestiones claves que comentar. Uno: la ley incluye a las fundaciones de cualquier tipo, a las organizaciones sin fines de lucro sean cuales sean sus actividades, así como las organizaciones sociales. Dos: el artículo 15 prohíbe las actividades en contra de “la estabilidad nacional y las instituciones de la República”. Pregunto: ¿denunciar al poder que tortura, reprime, se asocia con la narcoguerrilla, corrompe y se corrompe, equivale a atentar en contra de “la estabilidad de la República”? ¿Hablar de los hermanos Morón Hernández y sus conexiones con Nicolás Maduro Guerra se considera una actividad política? ¿Unos políticos corruptos en qué categoría entran: en la de la política o en la de la delincuencia?
Sume el lector, a todo lo anterior, los recientes ataques a la Iglesia Católica y el panorama quedará mejor dibujado. El régimen encabezado por Maduro, el teniente Cabello, Padrino López, El Aissami y otros, están en esto: borrando a los medios de comunicación del mapa, a la dirigencia sindical, a la dirigencia gremial, a la Iglesia Católica, a las organizaciones no gubernamentales y a la dirigencia social. Están en el camino de la dictadura perfecta, como la encabezada por Kim Jong-un en Corea del Norte: la sociedad silenciada, sin dirigentes ni mecanismos de denuncia. Es lo que se han propuesto.