María Corina Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, ha expresado su opinión sobre la disputa territorial entre su país y Guyana. En una entrevista con Efe, Machado enfatizó la importancia de que Venezuela adopte una «posición de Estado» y contrate la mejor defensa posible para ganar el caso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aunque esta vía haya sido rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Machado reconoce que la controversia se está resolviendo en la CIJ y que Venezuela no puede desconocerla. Según ella, la corte emitirá un veredicto que el país debe cumplir obligatoriamente. Por lo tanto, considera que Venezuela debe dejar de rechazar la intervención de la CIJ y preparar una defensa sólida con expertos calificados. Machado sostiene que el país tiene «elementos de fondo» y una «razón histórica» para ganar el litigio sobre esta zona rica en petróleo de casi 160,000 kilómetros cuadrados.
La candidata destaca que todavía hay tiempo hasta abril para presentar la contramemoria y que Venezuela cuenta con argumentos respaldados por la historia. En 2011, Machado propuso una ley para aumentar la presencia militar y el control de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, debido a lo que consideraba errores del gobierno en esta materia.
Machado advierte que existe el riesgo de perder este territorio debido a las declaraciones, acciones y omisiones del gobierno socialista, que ha permitido que Guyana refuerce su dominio sobre la zona. Venezuela no ha ejercido un control real sobre esta área desde 1899.
Aunque Machado coincide con el chavismo en que el territorio disputado pertenece a Venezuela, difiere del mecanismo propuesto por el gobierno en esta controversia. Especialmente, critica el referendo del 3 de diciembre, que no tendrá carácter vinculante y que preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no con anexar este territorio a la geografía nacional, entre otras cuestiones.
Para Machado, entrar en esta diatriba perjudicaría la posición de Venezuela y debilitaría su posición frente al Derecho internacional. Según ella, la soberanía se ejerce y no se consulta, por lo que no se puede permitir que se debilite la posición del país en este sentido.