Un total de 214 ataques contra defensores de los derechos humanos en Venezuela fueron registrados entre enero y junio del 2022, de acuerdo con un informe del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“Entre enero y junio de 2022 se registraron 214 nuevos hechos que comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo que representa una disminución de 43 % en relación al mismo período en el año 2021 cuando se registraron 374 situaciones“, detalló la ONG.
Según el documento, durante el primer semestre de 2022 se documentó “cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos”.
“A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, se destaca que los riesgos se mantienen en un nivel alto para el movimiento de derechos humanos. Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves“, reza la misiva.
Entre los meses de enero y junio se documentaron 146 ataques contra defensores, 45 hechos de hostigamiento, 14 amenazas, 2 judicializaciones, 2 ataques digitales y otros 5 hechos no identificados, según el informe.
Asimismo, informa que “en la medida en que no se tomen correctivos para garantizar un espacio cívico y democrático pleno y libre y mientras permanezcan vigentes las limitaciones legales a las actividades de promoción defensa y exigencia de derechos humanos, así como la criminalización de las mismas seguirá siendo un riesgo defender, promover y exigir derechos en el país”.
Además, se resalta que el movimiento de derechos humanos “sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil. Persisten las medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos”.
“Durante el semestre, fue constante la intención de asociar la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos con actividades delictivas, especialmente al terrorismo, la desestabilización y atentar contra la paz del país. El Estado retomó acciones para la aprobación de una Ley de Cooperación Internacional, con el fin de imponer mayores controles a la sociedad civil como parte de su Política de Criminalización, representando una nueva amenaza para las organizaciones”, suma el documento.
También puntualiza que “no se han tomado acciones o correctivos ante las restricciones a las libertades fundamentales, por el contrario, se han perfeccionado los mecanismos de control. La tesis del Enemigo Interno fundamente la Política de Criminalización y a partir de ello se materializan distintos tipos de ataque en contra de quienes se encuentran en primera línea de acción documentando, denunciando y difundiendo los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país”.