Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, más de 500 funcionarios han sido condenados por violaciones de derechos humanos desde 2017. Saab informó que se han condenado a «509 funcionarios y particulares que se han asociado a ellos para violar derechos humanos». También reveló que se ha imputado a 2.053 personas por violaciones de derechos humanos, se ha acusado a 2.304 involucrados y se ha privado de libertad a 955. Estas cifras demuestran el compromiso de la justicia local en la lucha contra los abusos de derechos humanos.
Estas declaraciones se producen después de que una misión internacional alertara sobre los ataques selectivos del gobierno venezolano para silenciar a la oposición, incluyendo la tortura. El gobierno de Caracas ha calificado el informe de la misión como panfletario y ha acusado a sus miembros de ser mercenarios. Según el gobierno, este informe busca legitimar las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países contra Venezuela.
Es importante destacar que la Corte Penal Internacional está investigando posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La CPI considera insuficientes los procesos judiciales internos y ha autorizado a su fiscal en jefe a continuar con las investigaciones. Sin embargo, el fiscal Saab ha defendido la actuación de la justicia local y ha rechazado este proceso.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela, ha concluido que existen motivos razonables para creer que se han cometido privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. Esta situación es especialmente preocupante, ya que Venezuela se prepara para las elecciones presidenciales de 2024, en las que diversos líderes opositores han sido inhabilitados.
En resumen, a pesar de las críticas y los cuestionamientos contra el sistema de justicia de Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab ha destacado los avances en la condena y persecución de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la comunidad internacional sigue preocupada por la situación en el país y la investigación de la CPI continúa.