Un total de 72 organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremialistas de Venezuela han hecho un llamado al Estado venezolano para garantizar la integridad de los futuros procesos electorales y poner fin a la criminalización de las voces disidentes. En un comunicado difundido este jueves, estas organizaciones de todo el país, firmaron el escrito que fue difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
En el comunicado, se insta al Estado a garantizar y respetar, sin discriminación, los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y participación política de la ciudadanía, actores de la sociedad y partidos políticos.
El grupo expresó su preocupación por el aumento de la violencia e intimidación en la fase preelectoral de eventos como las primarias opositoras del 22 de octubre, en las cuales se elegirá al candidato que se enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales de 2024.
Los firmantes del comunicado rechazan el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano durante el actual contexto preelectoral. Señalan que el patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales.
Más de 70 organizaciones rechazan aumento de represión política en #Venezuela por restringir aún más el espacio cívico.
La persecución estatal en contexto pre electoral vulnera los #DDHH a participación política, libertad de expresión y de asociación.https://t.co/a0TVqIDdw2 pic.twitter.com/I1laDK4p6c
— Centro DDHH UCAB (@CDH_UCAB) September 1, 2023
Las ONG destacan casos como la condena de 16 años de prisión impuesta recientemente a seis sindicalistas, quienes fueron detenidos tras liderar protestas por salarios dignos. También mencionan las amenazas y agresiones sufridas por varios candidatos a las elecciones internas de la oposición. Estos hechos buscan generar un efecto inhibidor en los futuros procesos electorales.
El comunicado también menciona las inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva, los actos de intimidación y hostigamiento a sectores de la sociedad que promueven la participación política a través de elecciones primarias. Asimismo, se destaca la intervención judicial en asociaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela.
Según las organizaciones que respaldaron el comunicado, estos hechos limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y restringen aún más el espacio cívico en el país.