Un total de 82 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela, dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos, emitieron un comunicado en conjunto para denunciar la situación que enfrenta la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida junto a cinco miembros de su familia el 9 de febrero.
Las ONG expresaron su preocupación por el proceso que se ha llevado en el caso de la activista desde su detención. Destacaron que la suspensión de su traslado para la juramentación de sus abogados de confianza, la imposibilidad de acceso al expediente y a las acciones legales que proceden, constituyen una “violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente”.
El comunicado, publicado el 26 de marzo, mencionó que a San Miguel se le negó la presunción de inocencia, el debido proceso, un juicio justo y la libertad de expresión.
Las organizaciones firmantes resaltaron que la situación de San Miguel no solo representa una violación a sus derechos individuales, sino que también evidencia la violencia política de género que sufren las mujeres en Venezuela.
En el texto, también señalaron que la persecución contra defensores de derechos humanos busca silenciar y amedrentar a quienes alzan la voz contra las injusticias.