Gremios consideran que debe privilegiarse la producción y distribución de alimentos en un país cuya industria nacional opera al 30 por ciento de su capacidad. No se descarta que haya más escasez de medicinas y comida
Por Elizabeth Ostos / Infobae
En la segunda semana de cuarentena nacional, crece la preocupación entre los habitantes de esta nación caribeña, sumida en una crisis económica desde hace varios años que se traduce en hiperinflación, caída del producto interno bruto en 70% en cinco años y el desmantelamiento de aparato industrial nacional.
El reabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible son temas que alertan a la ciudadanía y al sector empresarial nacional. Si antes de la llegada del coronavirus a Venezuela la situación era compleja, en estos momentos no hay certezas de si el gobierno de Maduro articulará políticas junto a los empresarios que aún están en el país.
Sin saber si habrá contacto con el oficialismo, entidades gremiales empresariales lanzaron el domingo un plan de acción destinado a gerenciar la actividad de las manufacturas, empresas agrícolas, transportistas y alimentarias, importadoras, bancos, entre otras.
En tal sentido, la central patronal más importante del país, Fedecámaras, aseguró en un comunicado público que “requerimos urgentemente del Estado, además de condiciones mínimas de trabajo que permitan un funcionamiento adecuado del sector productivo nacional”.
Este plan fue enviado a Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y al Alto mando militar. Fedecámaras planteó a los factores políticos en disputa “deponer agendas políticas para trabajar en beneficio de todo el país”.
Son al menos 21 medidas que se ejecutarían en 30, 60 y 90 días que atenderían los sectores de transporte, manufactura, energía, reposición y distribución de alimentos, además de la reactivación de créditos bancarios a las entidades privadas y suspensión del cobro de nuevos impuestos, entre otras.
La propuesta contempla la agilización de trámites de importaciones y la confirmación de equipos de respuesta rápida para el otorgamiento de salvoconductos a los trabajadores de las manufacturas nacionales para que transiten hacia sus puestos de empleo.
De parte del gobierno de Maduro no se confirmó si el plan será considerado aun cuando el domingo el mandatario bolivariano lanzó una serie de medidas económicas “de emergencia”, según dijo, para atender la crisis.
Planteó un plan de atención agroalimentaria para suministrar 7 millones de cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción -CLAP- a la población más vulnerable, la prohibición de cobro y corte de los servicios de telecomunicaciones por seis meses, así como la suspensión de pagos de alquileres en viviendas principales y locales comerciales por el mismo tiempo.
Ordenó la suspensión de pagos de capitales e intereses a créditos otorgados por la banca nacional, el pago de nóminas a las pequeñas y medianas empresas nacionales bajo la condición de la inscripción del sistema de subsidios públicos “Patria”.
Para los trabajadores por cuenta propia, Maduro ofreció bonificaciones, sin precisar montos, siempre y cuando se afilien al “Carnet de la patria”, un programa calificado de populista y clientelar por los críticos al gobierno venezolano.
Los anuncios fueron rechazados por dirigentes empresariales como el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano quien calificó a las medidas “aisladas y parciales. La empresa privada necesita tener la certeza de tener flujo de caja para seguir operando y mantener los puestos de empleo. Lo que vimos, le sigue recargando la responsabilidad del Estado en nosotros quienes trabajamos hoy día al 30 por ciento”.
Otro gremialista. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio dijo en su cuenta de twitter que “el estatismo e intervencionismo terminan cuando se agota la riqueza. Se pretende seguir el reparto con lo poco que les queda a los demás, sin asumir la propia responsabilidad. Si el ejecutivo no tiene recursos es hora de buscar fórmulas de entendimiento en beneficio de la nación”.
Del sector agro productor, el líder de Fedeagro, Aquiles Hopkins, aseguró que esta cuarentena “es un confinamiento, no podemos producir por falta de permisos, financiamiento y no podemos distribuir por ausencia absoluta de combustible. Se requiere de apoyo de las autoridades civiles y militares para atender la producción de alimentos y su posterior tránsito hasta los centros de consumo”.
Un gobierno proteccionista
Este pulseo de fuerzas entre sectores productivos y el gobierno generó dudas entre economistas y analistas de mercado quienes han alertado que la crisis humanitaria que sacude a Venezuela puede agudizarse por la pandemia del Coronavirus.
El analista de riesgo bancario, Leonardo Buniak, dijo a Infobae que “Si hacemos una revisión seria de los anuncios en materia económica, es fácil notar que el grueso se centra una vez más en propuestas populistas de expansión de gasto público con fines clientelares. Una vez más el carnet de la patria, mecanismo de control político y social vuelve a ser el epicentro de la estrategia de política económica de Nicolás Maduro”.
Explicó que la resolución más relevante y donde existían mayores expectativas “pudiera ser la de mayor preocupación para el sector productivo y muy especialmente para la industria bancaria nacional”.
El también economista explicó a este medio digital que “la decisión de Maduro de ordenar la suspensión de los pagos de capital e intereses a todos los créditos otorgados supone un golpe directo al corazón del sistema bancario. La principal fuente de rentabilidad y de solvencia de una institución financiera es la contabilización de ingresos por créditos otorgados. No hacerlo durante un semestre en medio de un proceso de hiperinflación que multiplica al alza los gastos administrativos, en un contexto donde la colocación de créditos está extinguida, supone casi decretar la inviabilidad e insostenibilidad del sector”.
-¿Qué medida mínima debería activar el gobierno de Maduro el cual maneja las finanzas públicas de la República?
-En estos momentos se requiere con urgencia un plan de estímulos monetarios y fiscales, en línea con lo que estamos viendo internacionalmente, que permitan dinamizar una economía que viene de una contracción acumulada de casi 70% en los últimos 24 trimestres. La política monetaria y fiscal debe estar al servicio de este propósito.
-En el mundo industrializado y en naciones vecinas, los gobiernos están proponiendo medidas macroeconómicas ¿Cuál serían las que pudiesen replicarse en Venezuela?
-En línea de lo que está ocurriendo en todos los rincones del planeta donde muchos gobiernos del mundo civilizado están diseñando ambiciosos programas de estímulos fiscales para atenuar los impactos colaterales de COVID-19, se debe activar estrategias de política fiscal. Esto debe incluir los diferimientos de los pagos del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, además de otorgamiento de subsidios directos a los estratos de la población de menores recursos. Resulta imperativo y necesario que el gobierno de Nicolás Maduro dé marcha atrás en su empeño de asfixiar con nuevos y mayores impuestos, multas y sanciones, al frágil sector privado de la economía venezolana.