El Gobierno de México le ofrecerá un visado por razones humanitarias a los 32 migrantes secuestrados hace unos días en el estado de Tamaulipas, noreste del país, anunció este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM).
En un comunicado, el INM informó que iniciará el proceso administrativo para otorgarles las tarjetas en cuanto tengan la calidad de víctimas de delito por la Fiscalía del Estado y solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su apoyo para validar las distintas acciones y apoyos otorgados.
Además, pidió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del citado estado su intervención «debido a que hay menores de edad y núcleos familiares».
Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que los 32 migrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos «fueron liberados» por sus captores y «no rescatados» por el Gobierno, por lo que aún no se reportan detenidos.
Las declaraciones del mandatario contrastaron con las del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaria de Gobernación (Interior), Luisa María Alcalde, quienes el miércoles aseguraron que las autoridades rescataron a los migrantes secuestrados, identificados 26 procedentes de Venezuela y seis de Honduras.
En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador aclaró que la investigación continúa, pero que el móvil del crimen fue para extorsionar a los familiares de los migrantes, al reportar un total de 32 víctimas tras sumar una bebé que no se había contabilizado en un principio.
Las autoridades mexicanas conocieron del hecho el 30 de diciembre, cuando hombres armados con pasamontañas interceptaron un autobús de 36 pasajeros que iba de la norteña ciudad de Monterrey a Matamoros, fronteriza con Brownsville (Texas), según expuso el miércoles la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
El INM precisó que, «tras ser declaradas como víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, iniciará el proceso administrativo para entregarles dicha tarjeta que les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país.