Migración venezolana es usada como instrumento de campaña en Colombia

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La migración venezolana se ha convertido en una herramienta utilizada por algunos candidatos a alcaldías y gobernaciones en Colombia como estrategia política, tal como se observó previo a las elecciones presidenciales de 2022.

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá y exministro de la Defensa, ha acusado a los venezolanos de ser criminales y los ha responsabilizado del aumento de los delitos en algunas áreas de la ciudad.

En una entrevista radial para RCR, Molano declaró: «Vamos a llevar a la cárcel a esos venezolanos criminales que roban y atracan, y luego los deportaremos. En el último mes, hemos capturado a 2.000 ciudadanos venezolanos, pero solo 300 de ellos pueden ser enviados a prisión. Eso no puede ser. Aquellos que delincan contra colombianos deben pagar con cárcel y luego ser deportados».

En repetidas ocasiones, las autoridades colombianas han utilizado un discurso discriminatorio en contra de la migración venezolana, tratando de cargar sobre los connacionales la responsabilidad de la proliferación del crimen organizado transnacional.

Esta retórica resulta popular y conveniente, ya que permite transferir la responsabilidad de las políticas públicas a un grupo que ha sido criminalizado desde su salida de Venezuela, según señala Radio Fe y Alegría.

La periodista Paula Andrea Jiménez denunció que una vez más se está utilizando la migración venezolana con fines electorales. En un tuit, expresó: «Hemos pasado de desvenezolanizar la migración a venezolanizar la inseguridad».

La instrumentalización de los migrantes con fines políticos también es una forma de violencia contra hombres y mujeres que abandonaron su país en busca de un lugar donde poder sobrevivir. Es importante tener en cuenta el impacto que estas declaraciones y estrategias pueden tener en la vida y la integridad de los migrantes venezolanos.

Es necesario abordar la migración venezolana desde una perspectiva humanitaria y buscar soluciones que garanticen la protección y los derechos de todos los involucrados, en lugar de utilizarla como un arma política.