Un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) destaca que los adultos mayores que migran de Venezuela se enfrentan a obstáculos únicos y se convierten en una «población invisible» en sus países de acogida. Esta población, que constituye una minoría dentro de los más de 7,3 millones de migrantes venezolanos, no solo es ignorada por las estadísticas oficiales de los países receptores, sino que también experimenta condiciones precarias y dificultades para adaptarse a su nuevo entorno, lo que les impide integrarse en el mercado laboral.
El informe señala que muchos adultos mayores llegan a los países receptores en condiciones precarias, con desnutrición y enfermedades no tratadas. Además, aquellos que trabajan en el sector informal carecen de acceso a la seguridad social y la atención médica. La situación es especialmente dramática para aquellos que salieron de Venezuela como jubilados y pensionados antes de 2016, ya que se les suspendió abruptamente el pago correspondiente, dejándolos en una precariedad económica extrema.
Además de enfrentar dificultades económicas y de salud, los adultos mayores migrantes también se encuentran con desafíos emocionales. Tener que comenzar de nuevo en un entorno desconocido, cuando se suponía que deberían estar disfrutando de su jubilación, afecta su bienestar emocional.
El informe destaca que el perfil de los adultos mayores que migran de Venezuela es diverso e incluye profesionales, extranjeros en busca de mejores oportunidades en sus países de origen y venezolanos que optan por la migración definitiva. Las razones para migrar varían, desde buscar la compañía de sus hijos o nietos hasta escapar de la difícil situación en Venezuela.
El informe también revela que el Estado venezolano dejó de pagar la pensión a más de 12.500 jubilados y pensionados que residen en el extranjero desde 2015. Esta situación deja a los adultos mayores sin independencia económica, excluyéndolos socialmente y sumiéndolos en la pobreza, lo que tiene un impacto negativo en su salud física y mental.
Los investigadores del CDH-UCAB hacen un llamado al gobierno venezolano para que recupere el sistema de pensiones y jubilaciones y lo extienda a aquellos que migraron. También instan al gobierno a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con esta población y a implementar una política nacional de protección para los adultos mayores.
En cuanto a los países receptores, el informe recomienda recopilar más información sobre los adultos mayores migrantes y desarrollar políticas públicas diferenciadas para ellos. También sugiere la realización de jornadas especiales de regularización y registro en el sistema de seguridad social.
Este informe se basa en material documental, testimonios de adultos mayores migrantes y la colaboración de asociaciones de jubilados y pensionados, así como organizaciones que atienden a esta población.