Ministerio Público citó también a varios organizadores regionales de primarias

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La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) de Venezuela anunció el domingo que también se citó a miembros de las juntas regionales que organizaron las primarias de la oposición, que se llevaron a cabo la semana pasada, después de que se conociera la citación de otros tres directivos de la instancia encargada de los comicios.

«Mañana, 30 de octubre, ciudadanos que desempeñaron un papel fundamental en la organización de las primarias cívicas de los partidos de oposición son citados por la Fiscalía en diversas partes de Venezuela», dijo la ONG en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

En su publicación, Fundehullan mostró las citaciones recibidas por Ana Luzmila Trujillo y Argeno Prat, dos miembros de la junta regional de Mérida, que depende de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), y que deberán presentarse el lunes 30 de octubre en la sede regional del Ministerio Público (MP/Fiscalía).

En mensajes anteriores, la ONG también mostró las citaciones enviadas al vicepresidente de la junta regional en Anzoátegui, Akram Boufakredine, y a los miembros de esta instancia en Lara, Nelly Cuenca de Ramírez y Luis Rodríguez López, quienes también fueron convocados a comparecer el lunes.

El viernes, el fiscal general, Tarek William Saab, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) las citaciones en calidad de «investigados» de Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Hadi, presidente, vicepresidenta y miembro suplente de la CNP, respectivamente.

La citación se dio a conocer después de que el miércoles la Fiscalía anunciara la apertura de una investigación contra la CNP, en respuesta a las denuncias presentadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, y varios dirigentes oficialistas, quienes afirmaron que el número de participantes, cerca de 2,5 millones de personas, fue inflado.

Mientras tanto, varias organizaciones no gubernamentales, activistas, organizaciones políticas y miembros de la sociedad civil han expresado su rechazo a la «criminalización» de los organizadores de las primarias y les han reiterado su apoyo.