La muerte del bebé Yaelvis Santoyo Sarabia, de un año y cuatro meses de edad, desnuda nuevamente las políticas represivas del Gobierno de Trinidad y Tobago para atender la migración irregular de venezolanos hacia sus costas. Según cifras de Acnur para enero de 2022, existen 21.611 personas registradas en la isla. 86,5%, es decir, 18.694 son venezolanos
Luisa Quintero| TalCual
La alerta provino de la cuenta Twitter del abogado Orlando Moreno el sábado 5 de febrero. Una embarcación, conocida en Venezuela como peñero, fue tiroteada por guardacostas de Trinidad y Tobago. El resultado: una madre herida y su hijo, de un año y cuatro meses de edad, fallecido.
La historia del bebé Yaelvis Santoyo Sarabia es una de las tantas caras de la migración venezolana. En este caso, el de una reunificación familiar frustrada por las políticas represivas trinitarias y la precariedad de los que huyen por las fronteras.
Las detenciones y deportaciones de adultos y menores de edad venezolanos no son nuevas en Trinidad y Tobago, pero sí altamente criticadas por agencias internacionales dedicadas a la niñez, derechos humanos, migraciones y refugiados. El último gran incidente se registró el 22 de noviembre de 2020, cuando 16 niños fueron devueltos prácticamente solos desde ese país a costas venezolanas, tras ser interceptados y detenidos por la Guardia Costera.
En ese momento, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) recordaron al gobierno de Keith Rowley que las políticas para prevenir el aumento de casos de covid-19 no eran excusa para realizar acciones “que violan el derecho internacional”.
Para enero de 2022, había 21.611 personas registradas en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en TT. De estas, 18.694 personas son venezolanas. 15.413 son solicitantes de asilo y 3.182 son refugiados.
Mientras que la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hasta julio de 2021, ubicaba a 28.478 venezolanos en la isla bajo alguna de estas condiciones.
Uno de esos migrantes es Yermi Santoyo, de 28 años y padre de Yaelvis, quien se encontraba en ese país junto a varios miembros de la familia de su esposa. Este año la mandó a buscar junto a sus dos hijos, luego de tener un mínimo de estabilidad como él mismo ha reconocido en entrevistas, para mantenerlos en la isla.
Ahora se debate entre quedarse en Trinidad o regresar a Venezuela. «Yo me vine para asegurarle un futuro a mis hijos. Y mira lo que nos pasó», dijo.
Migrantes expulsados Trinidad y Tobago
Desde el 17 de junio de 2019, los venezolanos necesitan un visado para entrar en Trinidad y Tobago. Este requisito pone trabas a los migrantes, especialmente los de menores recursos, quienes se ven obligados a navegar por rutas inseguras e informales.
Mayday Confavidt, una organización creada por familiares de migrantes desaparecidos, contabiliza 139 personas extraviadas en naufragios en las costas venezolanas. 2019 fue el annus horribilis cuando se registraron casi 100 personas desaparecidas.
Los naufragios y detención de embarcaciones continuaron en 2020 y 2021. Entre el 24 y 25 de abril del año pasado se registró la zozobra de una embarcación. Tres venezolanos fallecieron.
En diciembre desaparecieron al menos 10 personas a bordo del bote Amiyah, entre ellas una niña de tres años, que salió de la población de Chaguaramas (Trinidad) con destino a las costas de Güiria, en un recorrido de más de 80 kilómetros. Ese mismo mes fueron detenidos y deportados cuatro venezolanos, dos menores de edad, cuando trataron ingresar a ese país de forma irregular.
«El establecimiento de vías regulares y seguras, a través de visados humanitarias y la reunificación familiar, así como la implementación de sistemas de ingresos sensibles a la protección y mecanismos de recepción adecuados, pueden prevenir el uso de rutas irregulares, el contrabando y la trata», dijo en ese entonces Eduardo Stein, enviado conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur.
Encuentran ahogados a migrantes venezolanos que iban en peñero a Trinidad y Tobago pescadores
Pero las recomendaciones de organizaciones internacionales han quedado olvidadas por las autoridades trinitenses. Para Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, esta acción forma parte de un «patrón sistemático de criminalización, xenofobia y persecución del migrante venezolano».
Desde Cecodap recuerdan que las autoridades trinitenses han puesto en riesgo no solo a niños sino a adultos al someterlos a acciones que atentan contra su vida y derechos fundamentales.
En marzo de 2021 se abrió un periodo de registro para los migrantes irregulares en ese país. Miles de venezolanos no pudieron acceder a estas políticas debido a que el registro solo estaba disponible para aquellos que ya habían hecho un proceso similar en 2019.
«Un padre o madre no se lanza a altamar por gusto o turismo para conocer Trinidad y Tobago. Se lanza como una opción de supervivencia frente a condiciones muy duras y precarias que están viviendo en Venezuela», recuerda Trapani.
55 niños venezolanos fueron deportados en 2020 de Trinidad y Tobago. De ese grupo, 16 fueron deportados sin la compañía de sus padres o representantes, lo que viola la Convención sobre Estatuto de Refugiados. En 2021, y según cifras de Acnur, 70 niños fueron retornados a su país de origen.
El «incidente»
La Guardia Costera de Trinidad y Tobago, en un comunicado, aseveró que el TTS Scarborough detectó una embarcación que cruzaba aguas desde Venezuela hacia la costa sur de ese país. Se dieron varias voces de alto y advertencias antes de proceder a disparar contra la embarcación que transportaba a los venezolanos que, supuestamente, intentaba embestir y evadir su captura.
Pero los abogados Criston Williams y Siddiq Manzano dijeron al diario Newsday que después de entrevistar a tres de los migrantes que viajaban en el barco, hubo diferencias clave en su versión de los hechos y el informe de la Guardia Costera.
Manzano dijo que los migrantes negaron haber intentado embestir a uno de los botes de la Guardia Costera y afirmaron que un motor defectuoso les impidió intentar escapar. Tampoco escucharon bocinas o megáfonos. Solo vieron las bengalas, una apuntada al cielo y otra al bote y, posteriormente, escucharon la ráfaga de disparos.
La migración no es un delito y no se puede criminalizar, afirma Carlos Trapani, quien además recuerda que el uso de fuerzas policiales o militares en el control de fronteras, no especializados en el trato de migrantes, ocasiona este tipo de hechos.
«El argumento que usan las autoridades se cae por su propio peso al hacer un análisis del hecho, por lo que hubo un uso desproporcionado de la fuerza», dice el abogado.
La condena internacional no se hizo esperar. Cuatro agencias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron una investigación, al tiempo que lamentaron la muerte del menor migrante y las pocas posibilidades que ofrece el Gobierno de Trinidad para una migración segura.
Organizaciones internacionales también insistieron en la investigación. En particular, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), aseguró que es «fundamental que se investiguen todas las responsabilidades en este evento: no solo quién realizó disparos sino el sistema que permite que el control de fronteras marítimas se haga a través del uso letal de la fuerza».
Desde la Cancillería venezolana se habló de un «incidente» que pidieron sea investigado, mientras que las autoridades trinitenses informaron que dos de sus agencias revisarán los hechos.
Mientras que el gobierno interino, que preside Juan Guaidó, también se presiona por investigaciones. Gustavo Tarre, embajador de Venezuela ante la OEA, ha solicitado que en una investigación se respondan los siguientes puntos:
- La razón por la que abrieron fuego contra la embarcación. «Especialmente en relación con el uso de la fuerza, los daños a la embarcación y el tratamiento que hayan recibido los demás pasajeros».
- Una explicación detallada sobre el estado actual de Darielvis Sarabia.
- Que el caso llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Enviar un oficio sobre el comunicado de Tarre a la Relatoría para Migrantes y Refugiados, la Relatora país para Venezuela y el Mecanismo Especial para Venezuela.
- Convenciones por el piso
- Los derechos de los niños y migrantes están protegidos bajo diversas figuras del derecho internacional. Particularmente, se han creado diversas convenciones desde el seno de Naciones Unidas para atender estos casos.
Una de ellas es la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Trinidad y Tobago en 1990, que indica que los Estados deben salvaguardar los derechos de todos los infantes en su territorio, «independientemente de su nacionalidad o estatus».
Mientras que la Resolución 4/19 de los Principios Interamericanos de los Derechos de las Personas Migrantes dice que «los Estados deben garantizar a las personas migrantes rutas seguras e implementar protocolos de rescate que garanticen la protección de sus derechos, especialmente en situaciones de riesgo; y evitar el uso de armas letales».
Venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago
También están vigentes la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967 y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018).
Acnur ha dicho que en ausencia de una legislación en Trinidad «para la protección de los refugiados o la concesión de asilo en virtud de los instrumentos internacionales para los refugiados, los solicitantes de la condición de refugiado y los refugiados siguen sujetos a las disposiciones de la Ley de Inmigración de 1976».
Debido a la falta de legislación en esta materia, en 2014 el Gobierno trinitario adoptó una política de enfoque gradual para la protección de refugiados, además de plantear mecanismos para recibir y decidir las solicitudes de refugio.
Jean Gouh, directora de Unicef para América Latina y el Caribe, dice que dos de cada tres venezolanos en movimiento son mujeres y niños, por lo que esta tragedia es un «claro recordatorio de que ellos son los más vulnerables entre los vulnerables. Merecen especial atención, protección y seguridad, en cualquier lugar y en cualquier momento».
Se ha identificado que los menores de edad detenidos en la isla son sometidos a detenciones arbitrarias en cárceles comunes sin que exista distinción entre celdas de adultos o niños; aislamiento sin acceso a abogados o familiares; deportaciones sin compañía de padres e irrespeto a la condición de refugiados.
Desde Provea también recordaron que el Gobierno de Trinidad y Tobago ha dejado pendientes las preguntas hechas por seis relatores independientes de Naciones Unidas el 2 de septiembre de 2020, relacionadas a la desaparición de 58 migrantes entre abril y junio de 2019.
En particular se solicitó información sobre las medidas tomadas para establecer canales de migración seguros y legales; procedimientos de identificación de las víctimas de trata de personas, así como procedimientos para garantizar la no sanción de las víctimas de trata; acceso a la justicia; reparación; reintegración y seguridad social a largo plazo;
Calixto Ávila, consultor en derechos humanos y representante de Provea en Europa, coincide con Cecodap y resalta que este incidente es «mucho más que un incidente aislado, representa una política de Estado que viola los tratados internacionales de derechos humanos».
Relaciones de poder
Venezuela ha mantenido una «coordinación del más alto nivel» con las autoridades trinitenses desde 2007, cuando se firmó un Tratado Marco sobre la unificación de yacimientos de hidrocarburos. Desde entonces, esas alianzas se han mantenido de forma estratégica e incluso ideológica.
Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, asegura que la administración de Maduro ante el asesinato del niño Yaelvis «no ha sido contundente porque no le interesa serlo».
Explica que desde el año 1999 no hay una política exterior pensada, sino el interés de establecer ciertos vínculos ideológicos y compartir proyectos. «Eso hace que la respuesta de Maduro y su entorno haya sido sumamente débil respecto a lo que aconteció, que es sumamente grave y no es lo primero que ha sucedido allí».
Álvarez también destaca que no hay claridad en la política migratoria trinitense. Como ya se ha dicho en líneas más arriba, han sobrado los pronunciamientos de distintas organizaciones sobre la actitud que han tomado las autoridades de la isla caribeña ante los migrantes venezolanos, además de los cubanos y haitianos.
«Parece que a la administración de Rowley no les interesa un abordaje porque eso puede significar un distanciamiento de Maduro y su entorno, lo que podría afectar proyectos conjuntos», dice.
Solo en 2021, los representantes consulares y de exteriores de ambos países sostuvieron cuatro reuniones de alto nivel para tratar temas de comercio, seguridad y migración, además de repasar los acuerdos preexistentes.
Luis Daniel Álvarez añade que el asesinato del menor venezolano también ha servido para que el primer ministro Rowley ataque a la oposición de su país, que condena fuertemente la forma en la que actuó la Guardia Costera.
«No solo dijo que fue un accidente sino que aprovechó para convertir un hecho tan condenable en un asunto interno de visión político partidista. Hay una polarización importante en Trinidad (…) El primer ministro lo tomó como un tema para decir que la oposición es cómplice de los migrantes ilegales, que no son patrióticos. Discursos que tratan de menoscabar el hecho», manifiesta el doctor en Ciencias Sociales.
No les interesa que se aclaren los términos de la muerte de este joven, asegura Álvarez, «debido a que lo ocurrido no es nuevo y evidencia una actitud desproporcionada» por parte de Trinidad y Tobago.