El informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela revela que continúan y se intensifican las violaciones a los derechos humanos y los ataques al espacio cívico en el país.
Según el informe, en Venezuela persisten las violaciones a los derechos humanos y se están llevando a cabo ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático. Estas violaciones son el resultado de políticas estatales que buscan silenciar a aquellos que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El informe cubre el período comprendido entre enero de 2020 y agosto de este año y se centra en el aparato estatal y sus mecanismos de represión, así como en las restricciones al espacio cívico y democrático.
El informe revela que se han investigado 43 nuevos casos que involucran violaciones a los derechos humanos que afectan a 72 individuos. Durante este período, se han cometido al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, señaló que las fuerzas de seguridad como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) son responsables de estas violaciones.
La represión selectiva contra líderes políticos y sociales se está intensificando, especialmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales programadas para 2024. La falta de independencia de las instituciones judiciales y constitucionales limita la capacidad de los líderes sociales y políticos para operar libremente y asfixia el debate político.
El informe también destaca la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, que actúa de manera similar a las Fuerzas Acciones Especiales (FAES), una unidad implicada en ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos. Según la Misión, este cambio de nombre es simplemente una forma de encubrir la impunidad y la continuidad de las violaciones.
En un informe presentado hace un año, la Misión concluyó que individuos de alto rango en los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señaló a Maduro como responsable de la represión contra la disidencia.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela fue creada en 2019 y su mandato fue extendido por dos años en octubre del año pasado. Su trabajo es fundamental para complementar los esfuerzos de otros mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos en Venezuela.
En junio, la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal de la CPI reanudar la investigación sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no ha investigado adecuadamente estos delitos.