Durante una alocución transmitida por VTV, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que el Ministerio Público (MP) ha emitido 289 órdenes de aprehensión y que han sido detenidas y acusadas 129 personas relacionadas a «la banda del gobierno interino». Aseveró que la oposición -desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999- ha atentado contra la paz del país y que Julio Borges (PJ) ha formado parte de estos ataques
Roison Figuera| TalCual
El fiscal general designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que se emitió una nueva orden de aprehensión contra el Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia (PJ), por su presunta participación en el madrugonazo del 30 de abril del 2019, conocida como la «Operación libertad», en la que algunos militares se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro y en la que se propició la liberación del fundador de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, quien cumplía una pena de casi 13 años de prisión en régimen de arresto domiciliario.
Durante una alocución transmitida por el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), Saab indicó que el Ministerio Público (MP) recabó un video difundido el 13 de enero por López, en el que señaló que Julio Borges tuvo una participación directa y esencial en los hechos del 30 de abril del 2019. Aseveró que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación, ante el Tribunal 2° de Control contra terrorismo.
Recordó que el exdiputado tiene dos órdenes de aprehensión previas, la primera por su supuesta participación en «el robo del oro de la República depositado en Inglaterra» y otra por la planificación y financiamiento del supuesto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro.
Señaló que «sino fuese por todo lo que significó ese intento de golpe de Estado sería un sketch de baja monta. Estamos hablando de alguien que dice con todo desparpajo que iba a matar a venezolanos». Saab recordó que ese día un grupo de efectivos militares activos y funcionarios policiales adscritos a diversos órganos de seguridad, dirigentes políticos de oposición y diputados de la Asamblea Nacional del 2015 procedieron a liberar «de manera ilegal a Leopoldo López».
Refirió que todas estas personas se trasladaron hasta las inmediaciones del distribuidor Altamira en Caracas, lugar en el que se instalaron con armamento e hicieron un llamado a dar un golpe de Estado.
Saab mencionó que las acciones militares en rechazo a Maduro fueron ejecutadas con la participación del teniente coronel, Ilich Sánchez Farías, comandante de la unidad ubicada en el Palacio Federal Legislativo. Acusó al funcionario de fraguar el despliegue militar de hombres, material y equipos a ese lugar como una supuesta actividad de orden público.
«Este caso ha sido investigado por las fiscalías 22°, 83° y 67° Nacional, teniendo hasta la fecha 93 personas investigadas, de las cuales siete han sido condenadas por admisión de los hechos. 19 se encuentran en juicio privadas de libertad, otras cinco están en juicio con medida cautelar, dos ciudadanos fueron indultados y 38 se encuentran prófugos de la justicia», detalló.
Agregó que el MP ha emitido 289 órdenes de aprehensión y que han sido detenidas y acusadas 129 personas relacionadas a «la banda del gobierno interino». Dijo que hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas condenadas y, agregó, que se han practicado 137 allanamientos, 149 incautaciones y que se han dictado 261 medidas.
Según Tarek William Saab, el país ha vivido una sucesión de ataques a la institucionalidad que han buscado, con distintos «formatos violentos», el cambio de Gobierno. Relató que la oposición desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999 ha atacado «con saña» al Ejecutivo.
Dijo que entre los actos que «delatan» las supuestas políticas de la disidencia se encuentran el «primer paro empresarial de diciembre del año 2001 contra las leyes habitantes, el paro petrolero y el golpe de Estado de abril de 2002. Agregó que desde el triunfo del Nicolás Maduro en 2013 «iniciaron las acciones para derrocarlo».
El funcionario reiteró los señalamientos de que la oposición ha pedido sanciones contra la ciudadanía que «impidieron que Venezuela comercializara sus riquezas en servicios, comida, etc».